EDITORIAL Tweet
El corona virus pone al descubierto el tema de la salud de el país. Teniendo como nunca las condiciones adecuadas para mejorar la atención sanitaria, el ex mandatario Evo Morales las desterró al olvido. El derecho humano fundamental a la vida ocupó el último lugar. El Seguro Universal de Salud (SUS) a días de la elección del 20 de octubre de 2019, no pasó de ser una medida electoralista sin financiamiento, infraestructura, ni personal.
Los dos primeros casos de coronavirus importados desde Europa, pasaron como si nada por los “controles” sanitarios de los aeropuertos, se trata de dos señoras compatriotas. Más temprano que tarde surgió la intolerancia de los sectores de médicos y paramédicos en Santa Cruz, oponiéndose a la internación de una de las afectadas, en todo el sistema hospitalario de esa ciudad. No se omitió el bloqueo a las ambulancias. La velocidad de la información universal, no pudo menos que revelarnos en nuestras peores expresiones como sociedad.
La muestra más clara de nuestra pobreza médica es que no se dispone de salas especializadas, menos de hospitales, con capacidad instalada para casos como los de la pandemia en curso. Se carece de un número adecuado de respiradores artificiales para compensar la falta de oxígeno en los pulmones inflamados, etc., etc. Santa Cruz improvisó las dos primeras salas adecuadas (se llama sala a una habitación individual). Ese departamento recurrió a improvisar locales ajenos a la medicina, pero fueron dotados a la brevedad. Uno de ellos es la Escuela Militar Antiimperialista y otros.
La Paz tampoco dispone de la infraestructura acondicionada para el efecto. La alcaldía municipal proporcionó un piso en el moderno nosocomio de La Portada, pero no es un establecimiento especializado, obligación ésta que debe atender el Gobierno Central.
Uno de los efectos del pánico provocado es el aprovisionamiento desmesurado de alimentos y víveres, y ni qué decir del encarecimiento de los mismos en los mercados de abasto. Se ha visto, por ejemplo, la compra de quintales de arroz, azúcar y otros productos, volumen difícil que las familias puedan consumir. Son revendedores y agiotistas que precisamente promueven el encarecimiento.
El Gobierno transitorio adoptó medidas adecuadas que, en alguna medida, son desproporcionadas siendo nuestro país uno de los menos afectados. No obstante, toda medida preventiva no es mala.