OPINIÓN    

Interinatos ilegales, hasta cuándo

Antonio Cabrera



Parte I

Durante los últimos quince años, tanto el Órgano Ejecutivo como la Asamblea Legislativa Plurinacional dejaron de lado la Institucionalización de las entidades públicas, a pesar de estar normada en la Constitución Política del Estado. Un claro ejemplo es la Aduana Nacional que en el año 1999 hizo una reforma institucional, misma que lamentablemente no cumplió a cabalidad los objetivos propuestos. Luego, en 2004 la H. Cámara de Diputados lanzó una convocatoria pública para optar a los cargos de Presidente Ejecutivo y miembros del Directorio, proceso que fue concluido exitosamente, sin embargo, debido a las malas prácticas del pasado, la Directiva Camaral no envió las ternas a la Presidencia para su elección respectiva como titulares, no solo de la Aduana, sino también de Impuestos Nacionales y del Banco Central de Bolivia. De ahí en más, hasta la fecha los interinatos ilegales que tanto daño le causan al Estado continúan vigentes.

No obstante la eterna crítica que se hizo a los regímenes del llamado neoliberalismo o de la democracia pactada, sobre el funesto nombramiento de interinatos para tener a las autoridades sometidas a los deseos del régimen de turno, fue mantenido a pesar de contar con dos tercios en ambas cámaras legislativas. Empero, a mediados de 2020 la Asamblea Legislativa propuso dar inicio a la institucionalización de todos los cargos ejecutivos de las entidades públicas normadas por la constitución, debiendo haberse iniciado dicho proceso con la Defensoría del Pueblo, propuesta que quedó en nada.

Traigo a colación a la Aduana Nacional simplemente porque se habló e investigó mucho sobre YPFB, sus actos de corrupción y malos manejos, de la misma forma se hizo seguimiento a Impuestos Nacionales, donde también se hizo públicos actos de corrupción, lo propio sucedió en Entel, donde sus ejecutivos hicieron un manejo arbitrario y discrecional de los recursos del estado, en gestiones deplorables que causaron daño económico al Estado. Sin embargo, de la Aduana nadie dice algo, o es que no se quiere sacar a la luz pública lo que verdaderamente viene sucediendo en esta institución, donde, al parecer, prima el manejo político antes que el técnico, donde la ineficiencia en su manejo fiscalizador, jurídico, operativo y administrativo, evidencia el total desconocimiento de sus ejecutivos en estos temas. Todo ello denota el juego político al que los diferentes gobiernos de turno han sometido a la Aduana, colocando a la cabeza (MAE), su personal de mayor confianza, aunque éstos no cuenten con los merecimientos profesionales necesarios.

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