Una ley contra las inversiones

Hace unos dos años, el Gobierno dictó la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz destinada a evitar o por lo menos frenar la corrupción y favorecer en esa forma las inversiones de parte de autoridades municipales, gobernaciones, ministerios y otros organismos que disponen de cuantiosos fondos para diversas obras públicas.

Esa ley fue, sin embargo, objeto de críticas porque en vez de atacar el fondo del problema, sólo se limitó a combatir los efectos, con el agravante de crear una serie de nuevos delitos y poner en funcionamiento sanciones de nuevo tipo que, a la postre, lo único que harían sería llenar las cárceles con personas que cometieron delitos de mínima cuantía, como ha venido sucediendo y lo cual, por tanto, mantiene en crecimiento y sin resolver el problema de la corrupción.

La criticada Ley contra la corrupción no se limitó a crear dichos problemas, sino que originó otros de notable gravedad que al final hicieron que esa disposición legal resulte de visible inutilidad, pues, además de no resolver las causas ni los efectos de los delitos cometidos por personas corruptas, creó otros problemas, como los que denuncian a diario las autoridades que reciben fondos del Estado para fines de gasto corriente y que no se animan a utilizarlos. En esa forma, la Ley Marcelo Quiroga se volvió contra sí misma.

Efectivamente, ahora se denuncia que esa pregonada ley únicamente sirve para que las autoridades que disponen de fondos para obras públicas, no quieran hacer inversiones, porque la disposición legal de anticorrupción no se los permite, por temor a que recursos nimios de origen personal o político, generalmente de mala fe, pongan en la cárcel a funcionarios de sanas intenciones, que desean hacer inversiones.

En esa forma la Ley anticorrupción ha devenido en un arma de doble filo y que requiere de urgentes reformas de fondo y de forma, de tal manera que no sea un obstáculo para el desarrollo regional.

Sin embargo, en medios del Gobierno no ha habido reacción ante las dificultades que origina la ley de marras, sino por el contrario, lavándose las manos se la trata de eternizar y, al mismo tiempo, echar la culpa del problema a la ley SAFCO de 1992 que si bien crea dificultades, no tiene los alcances de la Ley Marcelo Quiroga que, por lo demás, es causante de que los funcionarios provinciales se encuentren con las manos atadas para cumplir sus obligaciones.

La Ley Marcelo Quiroga adolece, por tanto, de notables defectos, como que no combate las causas que originan los delitos, o sea no tiene en cuenta las relaciones de las categorías de causa y efecto; crea nuevos delitos; inventa tal cantidad de sanciones que sólo busca llenar las cárceles de inocentes, etc., creyendo que, en esa forma, va a tener éxito y que el país se va a convertir en un mar de virtudes éticas y podrá decir que tiene resultado el principio “ama kella, ama sua, ama llulla”, establecido en tiempos incaicos o sea cuando precisamente la mentira y el robo eran el pan de cada día.

En esa forma, si bien sería necesario hacer cambios a la Ley SAFCO, lo que debería ser prioritario es evaluar y reformar la Ley Marcelo Quiroga, de tal forma que no sea obstáculo para simplificar los trámites y facilitar las inversiones y, así mismo, que sirva para luchar efectivamente contra las causas que originan la corrupción, considerando que no existe efecto sin causa, vale decir que “muerto el perro, muertas las pulgas”.