[EFE ]

Gobierno insiste en que incendio fue provocado



Funcionarios de la Policía Civil chilena cargan el cuerpo de un séptimo brigadista muerto ayer en un incendio en la localidad chilena de Carahue.

Santiago de Chile, (EFE).- Equipos de rescate hallaron ayer el cuerpo de un séptimo brigadista muerto el jueves en un incendio en la localidad chilena de Carahue, mientras que el Gobierno insiste en la tesis de que el fuego que arrasa amplias zonas del centro y sur del país se debe a acciones terroristas.

El cadáver de Rodrigo Cifuentes Llanquileo fue hallado a las 08.40 hora local (12.40 GMT) a unos 600 metros del lugar en que fue visto por última vez antes que una repentina ráfaga de llamas envolviera a los brigadistas que combatían un incendio forestal en un paraje denominado Casa Grande, a 700 kilómetros al sur de Santiago.

Además de Cifuentes, en el incendio de Carahue -que ya ha consumido más de 1.300 hectáreas- murieron seis brigadistas.

Todos ellos pertenecían a una empresa que prestaba servicios contra incendios a Mininco, una de las principales compañías forestales del sur de Chile.

Otros dos trabajadores con quemaduras graves permanecen hospitalizados en Temuco, capital de la región de la Araucanía.

QUERELLA CRIMINAL

El Gobierno insistió ayer en la denuncia hecha el jueves por el presidente Sebastián Piñera en el sentido de los incendios que han arrasado miles de hectáreas son actos intencionados y presentó una querella criminal.

Sin embargo, hay discrepancias en las versiones oficiales acerca de la autoría de estos “actos terroristas”.

El ministro chileno del Interior, Rodrigo Hinzpeter, se la atribuyó a grupos mapuches radicales que luchan por la recuperación de tierras, y el intendente (gobernador) de la Araucanía, Andrés Molina, llegó a acusar a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), algunos de cuyos dirigentes han sido condenados por participar en ocupaciones de tierras.

Estas imputaciones fueron replicadas por representantes de los comuneros mapuches que ven en ello un intento de criminalizar sus demandas de tierras y justificar la aplicación de normas represivas.

Y después de que el fiscal nacional, Sabas Chahuán, pidiera prudencia antes de atribuir responsabilidades, el ministro portavoz, Andrés Chadwick, salió a matizar las declaraciones del intendente y del Ministro del Interior.

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