La nueva justicia de Evo Morales

Sobre el concepto de justicia independiente, como jurista y jurisconsulto nos referirnos a esta problemática en el “III Encuentro Internacional - Justicia y Derecho” efectuado en La Habana, Cuba, del 24 al 26 del mayo del 2006, donde propusimos la ponencia correspondiente, bajo el título de: “La independencia del Poder Judicial”, habida cuenta de conocer que en la Isla caribeña está concentrado el poder total, de manera tal que, conforme a los principios de “unidad de poder y centralismo democrático”, tanto la justicia, la economía, la política como lo social no tienen que responder sino al sistema socialista, cuyos cánones nada tienen que ver con la coordinación de poderes.

Nuestro trabajo se refería a la necesidad de contar con un Poder Judicial no dependiente de la política partidista, para lo que nos detuvimos primeramente en un análisis histórico de la injerencia del monarca en la justicia, quien, a instancias de la burguesía liberal germánica, terminó por ceder sus derechos de soberanía judicativa a los tribunales, y a partir de allí pronto el teorema de independencia del juez ganó terreno y se fue complementando con la supervisión judicial, la publicidad, oralidad, y el principio del Juez Natural.

Es que el juez debe estar sujeto a la ley no al monarca, y sus decisiones deben ser el resultado de operaciones lógico formales. La independencia del juez, definida precisamente por su vinculación a la ley, defendía al ciudadano frente al rey, y este postulado político antimonárquico cambió más tarde de significado cuando se produjo la reconciliación entre la burguesía y el monarca, y a partir de ese momento defenderá al burgués contra la tendencia restauradora del absolutismo y servirá al propio tiempo de contención al ansia participativa del cuarto estamento.

Esta tendencia reformista quedó estancada tanto durante la Primera Guerra Mundial como en la república acosada que surgió de ella. La justicia será enrostrada como clasista y política. Después de la Segunda Guerra Mundial se produjo una acusada tensión entre positivismo y derecho natural y se manifestaron nuevas tendencias a una mayor libertad del juez para interpretar y aplicar la ley, de manera que se volvió a la discusión sobre la independencia del juez.

En el marco de estas premisas históricas, criticamos que en Bolivia existía una forma de elección donde primaba el interés político, ya que los grupos políticos en función de gobierno pugnaban por acomodar a su gente, tanto en la función pública y obviamente en la judicatura, de modo que el Poder Ejecutivo rebasó muchas veces los límites constitucionales, imponiendo en los hechos una preeminencia nefasta sobre el Poder Judicial. De esta forma las influencias políticas, las presiones a favor de los partidarios o favoritos del régimen de turno han sido constantes en este Poder, que es parte de la administración pública del país y que pierde de esta forma su independencia, contraviniendo al espíritu de lo que conocemos como Estado de Derecho .

El tratadista Harold J. Laski nos enseña que: “Si conocemos la forma en que actúa la administración de justicia en un Estado, conoceremos también exactamente su nivel moral”. Por otra parte, sostenemos que debe realizar el control de constitucionalidad de las leyes y decretos del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, considerando como la función mas importante que configura al Poder Judicial en guardián de la Constitución y por consiguiente en defensor de los derechos individuales y sociales del hombre.

Ahora bien, cuando se determinó la consulta popular a través del voto universal en la elección de magistrados del nuevo Órgano Judicial, también observamos el procedimiento, porque se estaba haciendo intervenir al Poder Legislativo (Asamblea Legislativa Plurinacional), que sustituyó a los partidos políticos del pasado y creó un sistema mentiroso para dicha elección, llegando al extremo de que aquel estamento proceda a calificar a los postulantes y, obviamente, del cuoteo político entre varios se pasó al facilismo político de uno solo, y cuyos resultados los conoce el pueblo boliviano.

Pese a todo ello, el pasado 3 de enero el presidente Evo Morales Aima, que no tenía atribución alguna para proceder a la posesión de los nuevos magistrados (Art. 172 de la Constitución), ha recomendado a éstos que la “justicia no debe obedecer intereses económicos ni a la influencia política” (sic), al extremo de admitir que si acaso él cometiera algún delito debe ser juzgado, por ser necesaria la construcción de una justicia independiente y transparente.

Ojalá esto fuera cierto, pero nos anticipamos al beneficio de la duda, teniendo en cuenta que ayer nomás el fiscal general Mario Uribe acaba de incurrir en un craso error de procedimiento, al excluir tanto a Evo Morales como a Álvaro García Linera en un trámite de investigación penal, lo que significa una muestra de lo que es actualmente el Ministerio Público y lo que podrá ser la NUEVA JUSTICIA de Evo Morales.

Concluimos señalando que el correcto funcionamiento del organismo judicial depende sobre todo de que los hombres que integran nuestra sociedad, tengan conciencia del alto valor que representa la persona humana dentro del conglomerado social, que tenga el coraje de hacer respetar sus derechos y libertades contra los desmanes de todo absolutismo, venga de donde viniere; que tenga la entereza y el carácter de poder respaldar y defender, aun con el sacrificio de sus propias vidas, a los jueces integérrimos que en horas trágicas saben erguirse. La libertad y el goce de los derechos y libertades no condicen con pueblos educados en la domesticidad y la servidumbre.

En cuanto a “nacionalizar el derecho” (?), será tema de otra nota futura.

(El ejercicio del poder corrompe, y su sometimiento degrada).

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