La “nueva justicia” con nuevos riesgos

Los sistemas judiciales “carentes de confiabilidad e independencia”, organizados y auspiciados desde las esferas del poder central, innegablemente se convierten en el primer y fácil blanco de las represalias que proceden de los regímenes políticos totalitarios, cuyos grupos de seguridad, irregulares o no, actúan al amparo de la impunidad que les garantiza, precisamente, el poder político.

Esta condición “de amedrentamiento”, con el correr del tiempo, se convierte en el principal riesgo contra la sociedad y la vigencia de los derechos humanos, derechos políticos o fundamentales de las personas.

A partir de la aprobación y vigencia de la “constitucional elección” de autoridades judiciales en Bolivia, la descripción precedente se ha convertido en la “espada de Damocles” que pende sobre toda persona, boliviana o no, que exprese ideas o propuestas contrarias o diferentes a las políticas del poder central. Este ejercicio se da desde hace varios años, bajo la configuración de una “supuesta justicia sometida a la Ley” y el rótulo de una “implacable lucha contra la corrupción”, de manera taxativa, contra quienes en el pasado “dilapidaron los fondos del Estado” y no así contra los nuevos exponentes de la corrupción del presente proceso de cambio.

La “nueva justicia” se funda sobre cánones que rigen desde el pasado revolucionario, dictatorial y neoliberal, sin modificaciones ni visión alguna que modifique un personal comportamiento que garantice el cambio que se da en el nombre y en el discurso. La “nueva justicia”, como clisé de propaganda política, rige “no para defender los derechos constitucionales ni los derechos fundamentales de las personas” y, mucho menos, para vigilar “el cumplimiento de los deberes de la administración estatal o la prestación de servicios públicos”, porque el diseño estructural de la economía jurídica y la norma que conformó “la cultura de los usos y costumbres”, así lo mandan. Se ha repetido, en todos los niveles y espacios de la sociedad, que en Bolivia “la justicia es la institución más corrupta junto a…”.

El diseño constitucional, en la práctica, no ha cambiado el procedimiento de elección de los “nuevos magistrados de la Nación” ni, mucho menos, “se ha democratizado a través del voto”, dichos nombramientos a dedo. El partido de gobierno, en reuniones de cúpula, ha decidido “las planchas” que fueron consideradas y aprobadas en el seno de la “Asamblea plurinacional”, las mismas que llegaron hasta el Tribunal Electoral, donde se dio el procedimiento respectivo para que el pueblo sin la necesaria información de sus méritos o deméritos, a través de su voto avale tal designación.

Este procedimiento, contrariamente a los cálculos políticos del MAS, determinó en elecciones que sus candidatos perdieran legitimidad y forzaran legalidad, muy al margen de la decisión del soberano que votó, en un 70 por ciento, en su contra. Estos hechos pesan en la conciencia ciudadana, cuya reacción visiblemente de rechazo ha condenado el acto de posesión que, además de todo, ha presidido y protagonizado el propio Presidente del Estado.

Bolivia se ha convertido, a nivel internacional, en país de análisis permanente y cuidadoso sobre el comportamiento de la justicia y su relación con la vigencia plena del derecho, al asumirse como evidente la directa dependencia de la justicia ordinaria del poder central. Tal conclusión tiene base en las múltiples denuncias planteadas desde el interior del país, ante mecanismos e instituciones de la Justicia Interamericana y defensa de los Derechos Humanos y vinculados con casos específicos, como es “Porvenir” con una detención indebida de más de tres años del Gobernador de Pando, cientos de ciudadanos asilados en países vecinos, decenas de juicios políticos sin resolución y múltiples detenciones, sin explicación alguna.

Es conocido mundialmente el informe que hace referencia a situaciones extremas, similares a las presentadas en Bolivia, cuya conclusión sostiene que en países donde existe una evidente injerencia del poder político gubernamental en el sistema judicial, afectando severamente su autonomía e independencia en la actuación de los magistrados, no existe garantías para que el órgano jurisdiccional realice una investigación confiable y exhaustiva en casos de violación de los derechos humanos o de conductas ilícitas que comprometan a altas autoridades de gobierno y de los órganos represivos del poder central. Similar conclusión se aplica a los miembros de los parlamentos incondicionalmente sometidos al poder gobernante.

La distancia entre el ejercicio del poder central y el sometimiento de la justicia a la Ley, en Bolivia no existe, como no existe la independencia de los poderes que manda la Constitución Política del Estado.