Interpretación gubernamental provoca inestabilidad jurídica

El Gobierno pretende retomar el tratamiento de la Ley Corta, promulgada a través de la Asamblea Legislativa, al parecer a través de una nueva norma sugerida por los marchistas del Conisur quienes actualmente se movilizan exigiendo la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos y que hoy se entrevistarán con una comisión de diputados.

Para el analista político Carlos Cordero, estos errores gubernamentales provocan una inestabilidad jurídica en el país. Añadió que Bolivia durante los seis años de gestión del gobierno de Evo Morales se ha convertido gradualmente en un país “ingobernable”, debido a que las movilizaciones sociales han tomado un rol protagónico en las decisiones del Ejecutivo, incluso por encima de leyes y normas promulgadas por él mismo.

La pretensión del aparato gubernamental de tratar nuevamente la Ley Corta con una posible modificación, pese a que la norma ya fue promulgada por el propio presidente Evo Morales, genera una crisis de credibilidad en el Gobierno, crisis que causa repercusiones a nivel internacional, ya que diferentes organismos observan a Bolivia como un país sin seriedad.

“Esto es un gran riesgo que genera instabilidad, lo peor pasará cuando se convierta en una práctica, la conflictividad va a brotar por todas partes porque todo el mundo va a decir quiero cambiar un alcalde, quiero una ley distinta y piensan que es cuestión de marchar y bloquear para conseguir lo que quieren, eso convierte en un país en ingobernable”, expuso.

Por otro lado, Cordero explicó que esta inestabilidad en el Ejecutivo provocará serias repercusiones en las elecciones presidenciales del 2014, “cuando la ciudadanía con toda seguridad va a sancionar a estos políticos”, citó.

LEY CORTA

Para Cordero, la Ley Corta, que prohíbe la construcción del tramo II de la carretera por el núcleo del TIPNIS, fue en su momento una solución para “calmar los ánimos”, en la población debido a la llegada a la VIII marcha indígena y sus exigencias.

“El ánimo del Gobierno fue de no querer aceptar ese acuerdo y ha hecho una serie de acciones para auspiciar la marcha del Conisur y tratar de generar una opinión pública favorable a la modificación de la Ley Corta. Les quedaría como opción acudir nuevamente a instancias internacionales, ya son tantas denuncias que recibe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o la Unión Europea que tendrán que pronunciarse pronto”, puntualizó.

En criterio del abogado Carlos Alarcón, el gobierno aplica el discurso de manejar e interpretar las normas fuera del estado de derecho y esto se constituye en un riesgo para la democracia. Sugirió que la causa del TIPNIS sea remitida a un referéndum ciudadano donde se pueda establecer la construcción del segundo tramo a través o fuera de la reserva natural.

DIVERSAS NORMATIVAS

Luego de la aprobación de la primera Ley Corta por la mayoría del oficialismo en la Asamblea Legislativa, el presidente Evo Morales estuvo a punto de promulgar la ley donde se llamaba a “consulta previa” para resolver el tramo II de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos. Ante la presión y llegada de la marcha se decidió modificar la norma devolviéndola al Legislativo.

La comisión mixta admitió la figura de intangibilidad y la Ley 180 fue remitida al Ejecutivo para su promulgación. Luego, presuntamente promovida por el aparato gubernamental se origina una nueva movilización esta vez desarrollada por indígenas, cocaleros y colonizadores quienes exigen la consolidación de la vía.

El Gobierno, bajo el argumento de escuchar las demandas, pretende modificar la misma envió una subcomisión legislativa que escuchará las propuestas del Conisur. En tanto, legisladores del MAS anunciaron que habrán cambios a la ley mediante otra normativa.