IFEX observa acciones contra Relatoría OEA

Los gobiernos de Venezuela y Ecuador arremeten contra la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) para disminuir su rol proactivo y crítico ante el constante avasallamiento de las libertades ciudadanas.

El Comité Coordinador de organización de Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión en América Latina y el Caribe (IFEX-ALC), reconocida en el mundo como una entidad dedicada a coordinar la labor periodística dentro de la libertad de expresión como mayor principio, remitió una carta a la OEA subrayando los logros de la Relatoría y solicitando considerar retirar las recomendaciones propuestas por estos estados miembro, efectuados en diciembre pasado, sobre el funcionamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y esta instancia fundamental para velar por los derechos ciudadanos.

En partes sobresalientes de la nota, la alianza de 16 organizaciones miembros, entre los que se encuentra Bolivia, destaca la labor de la Relatoría, destacando que ésta:

Impulsó activamente procesos de despenalización de la calumnia y la injuria en toda la región y especialmente del delito de desacato, que otorga especial protección a la reputación de los funcionarios públicos.

Impulsó procesos de lucha contra la impunidad con relación a los crímenes contra periodistas.

Hizo visibles los mecanismos indirectos de censura a nivel regional, como por ejemplo la asignación arbitraria de la publicidad oficial o de las licencias de radio y televisión, entre otros.

PETICIÓN

En este sentido, la IFEX-ALC manifiesta su solicitud ante los gobiernos - estados miembro de la OEA, para retirar las tres recomendaciones específicas sobre el mandato de la Relatoría Especial elaboradas por el Grupo de Trabajo las cuales serán analizadas durante la próxima sesión del Consejo Permanente de la OEA, que tendrá lugar el 15 de enero de 2012.

Las observaciones obedecen a los pedidos de Venezuela y Ecuador sobre que la Relatoría deje de publicar anualmente su Informe Especial sobre el estado de la libertad de expresión en todos los países de las Américas, que la Relatoría incorpora al Informe anual de la CIDH desde hace más de 10 años.

“Que al pretender igualar el financiamiento de todas las Relatorías, no aumente a las demás, sino claramente con la intención de restarle el financiamiento específico a la de libertad de expresión, que es la que tiene el presupuesto mayor. El financiamiento es uno de los temas con la que la Relatoría puede llevar acabo más acciones y tareas en la región”.

“La creación del “código de conducta” para incrementar el control estatal de la gestión de las distintas relatorías. Sin duda, uno de los ámbitos que más gozamos en las democracias es la libertad de expresar lo que se recupera desde la realidad. Incrementar el control sobre la relatoría de la libertad de expresión podría limitar su derecho de decir y lastimaría a la región”, finaliza.