EL DIARIO y agencias.- El ministro de Gobierno, Wilfredo Chávez, afirmó ayer que iniciarán la respectiva acción penal en contra de los cocaleros que agredieron y expulsaron a efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) de la población paceña La Asunta.
Chávez, en rueda de prensa en la ciudad de La Paz, calificó de ilegal y desaprensivo la medida violenta adoptada por algunos cocaleros de La Asunta, que el domingo expulsaron a los erradicadores de la coca ilegal.
“Ahora se dice que hay abuso cuando la Fuerza de Tarea Conjunta (aún) no tocó una sola hoja de coca en La Asunta, eso es lo más absurdo y ridículo que se puede afirmar, hubo violencia innecesaria, los dirigentes agredieron al teniente Zubieta que estaba a cargo de la escuadra, por ello se va iniciar la acción penal para dar con los autores que han propinado heridas en la cabeza de este efectivo policial y otros”, anunció la autoridad.
Tras este anuncio, el dirigente de los cocaleros de La Asunta, Pascual Mamani, afirmó a través de la Red Erbol que no tiene miedo a las acciones penales y que lo único que demandan es respeto a sus derechos.
“En realidad, nosotros como organizaciones sindicales no tenemos ningún temor, yo estoy en La Asunta con mi base, si comienzan acciones penales, no tenemos temor al Gobierno que apoyamos tanto en este tiempo”, señaló Mamani.
El Ministro también aseguró que el convenio suscrito con todos los cocaleros de los Yungas el 18 de septiembre de 2008, para delimitar y erradicar la coca excedentaria de manera concertada, fue cumplido de parte del Gobierno, al menos en La Asunta, a su plenitud.
“El primer argumento que se usó para (expulsar a la FTC) es que se habría incumplido el convenio, pero eso no es cierto, está totalmente cumplido al 100% con La Asunta; el segundo argumento es que se habría hecho una presencia abusiva de la Fuerza de Tarea Conjunta, pero los efectivos no erradicaron ni una sola hoja de coca en la zona; entonces aquí estamos hablando de una dirigencia abusiva y con afanes de protagonismo, como es el caso de Pastor Mamani, que ya fue revocado por sus bases”, manifestó.
Según la autoridad, en cumplimiento del mencionado convenio se desarrollaron siete proyectos para los Yungas paceños y específicamente para La Asunta se invirtió alrededor de 40 millones de bolivianos.
“Por su parte, la Gobernación del departamento hizo una inversión en la zona de casi 35 millones de bolivianos. Todo fue cumplido, lo que pasó ayer fue una articulación política, de manipulación, acción prepotente, hubo un abuso absoluto y actividad delincuencial”, aseveró.
Adelantó que en las próximas horas se reunirán con los dirigentes de los cocaleros del norte paceño para demostrar que con La Asunta cumplieron todo los compromisos.
DIRIGENTE
El dirigente de los cocaleros de La Paz, Heraldo Pérez, explicó que la medida adoptada por algunos cocaleros contra la FTC no es de todos los productores de los Yungas, menos de la Federación de La Asunta, sino sólo de cuatro comunidades de los nueve que tiene la central Asunta.
“Por lo que, el fin de semana, las 18 centrales de la Federación de La Asunta definiremos en un ampliado decisiones y acciones contra esas cuatro comunidades”, expuso.
IDENTIFICAN A PRESUNTOS INSTIGADORES
El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, informó ayer que se ha identificado a tres instigadores de la expulsión de efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) de la provincia Sud Yungas de La Paz, para quienes anunció la aplicación de drásticas sanciones penales.
“Son ex parlamentarios, son del Movimiento al Socialismo (MAS), ex compañeros que por alguna otra situación no ocupan cargos jerárquicos en la función pública y llegamos a la conclusión de que es una forma, un tipo, de venganza”, manifestó a ABI.
Estableció que se cuenta con información fidedigna y fotografías para corroborar la identificación de los implicados en la brusca salida de un pequeño contingente de apenas tres policías y seis soldados al mando de un teniente y un sargento en el campamento de la localidad de La Asunta.
Dijo que por el momento no se revelará sus nombres, pero reprochó que los uniformados hayan sido agredidos por unas 500 personas movilizadas por razones que calificó como “estrictamente políticas, de liderazgo y resentimiento”.
“Estuvieron algunos compañeros que prácticamente por alguna situación no han accedido a algún cargo público (buscaron) definitivamente la forma de ganar protagonismo”, añadió.
La autoridad estatal mencionó, además, que en el proceso de investigación preliminar se determinó que el hecho participaron también los miembros de los sindicatos La Asunta, Puerto Rico y 16 de Julio, donde no comenzó todavía el proceso de erradicación de cocales.
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