Microempresarios observan Ley 212

Dirigentes de la Federación de la Micro y Pequeña Empresa de El Alto (Fedemype) observaron el alcance de artículo 10, parágrafo II, inciso 7 de la Ley 212, porque no se podrá acceder a los contratos con el estado por temor a juicios, manifestó ayer Humberto Sandalio, exsecretario ejecutivo de dicha organización.

Afirmó, que este tipo de medidas no sólo afectarán a las grandes empresas o a los grandes contribuyentes, sino también, a las pequeñas y medianas empresas toda vez que con su aplicación habrá el temor para contraer algún contrato con el Estado.

“Al momento existen muchas políticas de compras directas por parte del Estado en el programa de fomento a las microempresas, pero ahora con esta nueva norma habrá el temor de invertir y firmar nuevos contratos”, afirmó.

El artículo 10 de la Ley 212 de Transición Judicial que ingresó en vigencia el 3 de enero determina que, para iniciar cualquier demanda contenciosa tributaria que sea mayor a o igual a las 15 UFVs (Unidad de Fomento a la Vivienda) deberá presentar una boleta de garantía y si pierde el proceso también perderá el monto, además de pagar costas.

En la doctrina jurídica tributaria esta medida es conocida como la figura “paga y reclama” que es contraria al principio constitucional de presunción de inocencia.

La norma establece el monto de 3.370 dólares como mínimo para respaldar el proceso contencioso tributario. Cuando la resolución impugnada sea revocada de forma parcial o total se devolverá el monto comprometido.

En ese contexto Sandalio expresó la preocupación de su sector toda vez que existen programas de ventas directas por parte de los microempresarios a varias reparticiones del Gobierno para la dotación de bienes e insumos.

A manera de ejemplo el ex dirigente refirió el contrato que tienen varios microempresarios alteños con el Ministerio de Defensa para la dotación de uniformes militares, botas de combate y otros insumos.

“Como microempresarios nosotros en muchos de los casos vendemos servicios y productos a las instituciones del Estado con la política de compras directas a través del programa que se tiene, sin duda esta medida nos afectará”, dijo.

Sandalio advirtió que con esta Ley se está vulnerando la Constitución Política del Estado (CPE) que garantiza la libre empresa y la inversión de capitales en el país y se afecta la seguridad jurídica.

Tras la promulgación de la Ley 212 varios sectores productivos expresaron sus temores por el alcance del artículo 10 de la Ley y anunciaron buscar reuniones con las autoridades del Gobierno para impugnar la norma y revertir su aplicación por los efectos contrarios a la economía, no sólo de las grandes empresas, también de las pequeñas.

Para el exdirigente “no es coherente” que primero se deba pagar una cantidad “X” para después confrontar un juicio. “En ese caso estaríamos en desigualdad de condiciones y los empresarios preferirán cerrar sus fábricas antes de tener que enfrentar juicios con el Estado y poner en riesgo su capital de inversión”, sostuvo.