La inseguridad jurídica aleja las inversiones

Entre los grandes principios que forman parte de la economía está la confianza y, dentro de ella, la fe y la seguridad que, por igual, encierran las condiciones de honestidad y responsabilidad. Estos principios, para ser reales en la práctica económica, tienen que ser virtudes sustantivas en quienes tienen los poderes económicos, políticos y sociales; de otro modo, todo queda librado al azar y, de ahí, es muy pequeño el salto a la anarquía total.

Es importante que las autoridades responsables de la economía nacional recuerden los principios elementales que rigen las políticas económicas, especialmente cuando son descentralizadas o sujetas a la libre iniciativa privada que, siguiendo la ley de la oferta y la demanda, regula las actividades económicas, especialmente en naciones capitalistas como la nuestra. La verdad es que, para cumplir ese objetivo, se recurre normalmente a una economía planeada; es decir, aplicar a la economía administrada por el gobierno que, se entiende, debe ser un sistema estatal organizado, con el objeto de integrar y conseguir una estrecha cooperación entre capital, trabajo, recursos naturales y otros elementos complementarios, inclusive con miras a reducir fluctuaciones violentas, desgaste y desigualdades propias de sistemas basados en competencias. En todo caso, la autoridad directiva de una economía planeada depende de organismos organizados democráticamente o de una burocracia arbitraria o de régimen totalitario (caso del comunismo, las dictaduras o los socialismos materialistas extremos).

Para los países que buscan su desarrollo sin disponer de medios financieros y tecnológicos propios, lo correcto es recurrir a inversionistas que estén dispuestos no sólo a ganar más dinero sino que tengan la conciencia de que el crecimiento de cualquier país implica el mejoramiento de la economía internacional y ésta, a su vez, promociona la diversificación económica que agranda las posibilidades de contar con más riqueza y, amplía sus beneficios hacia la creación de empleo.

La economía, al igual que cualquier ciencia, precisa respaldo para su crecimiento armónico y sostenido; esos respaldos no pueden ser otros que las garantías precisas para un desenvolvimiento normal, puesto que la producción de bienes de uso, consumo y de servicios requiere crecimiento, solidez y estabilidad; precisa - y con mucha urgencia en países donde la pobreza es lacerante - que los grupos sociales entiendan hasta dónde puede abarcar una economía sana y cuán beneficiosa es para combatir a la pobreza.

Nuestro país ha gozado, aunque relativamente, con las garantías precisas para capitales y tecnología hasta finales del año 2005; a partir de 2006 todo ese panorama de seguridades ha desaparecido porque al gobierno que pretende abarcar los senderos de un socialismo extremo y radical, le pareció mejor estatizar la economía, nacionalizar algunas empresas, reducir la producción privada y encarar, conjuntamente las organizaciones sociales, cambios que permitan mayor producción y una total diversificación económica; sin embargo, no logró sus propósitos.

El régimen - revolucionario, según el gobierno - dice ser contrario al capitalismo; sin embargo, aplica el mismo en estos tiempos más que en otros, es más capitalista que muchos en el mundo, no sólo porque busca ingresos de divisas como el dólar y el euro, monedas capitalistas que tienen vigencia en todo el mundo y que sirven, por igual, a todos los países incluidos los que tienen tintes socialistas o comunistas. Tanto en exportaciones como en importaciones, operamos bajo reglas del capitalismo y la creación de empresas y fuentes de riqueza se basan en el mismo sistema. Como corolario, el gobierno predica un socialismo extremo y practica el capitalismo.

Las políticas, las proyecciones de muchas décadas, la organización administrativa del Estado que está a cargo del gobierno y todo el movimiento económico-financiero son capitalistas. El anticapitalismo sirve al régimen sólo para protestar en contra de los Estados Unidos, y, además, endilgar sus yerros financieros al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Sin embargo se persiste en no garantizar la inversión nacional y extranjera aunque se pregonan garantías verbales que nadie se atreve a asentarlas en leyes.

“Garantizamos plenamente las inversiones”, pregonan las autoridades económicas; sin embargo, desde el año 2006 no ha sido posible captar la confianza de inversionistas extranjeros ni nacionales porque hay dudas, desconfianza, susceptibilidades porque la simple palabra de las autoridades no es suficiente. El capital privado, en cualquier parte del mundo, requiere de sólidas garantías para sus inversiones y seguridades absolutas de que por la parte de inversión que hayan tenido, las utilidades puedan ser dispuestas como mejor dispongan los financiadores; en otras palabras, cada dueño es propietario de lo que invirtió y, para ello es preciso que haya garantías jurídicas (leyes, decretos y reglamentos claros) para el libre accionar de esas inversiones, bajo las condiciones mínimas de respetar las leyes existentes.

Para los países pobres, es importante que el capital privado sea parte de sus actividades; lo mismo ocurre con la parte tecnológica y con el capital humano - no siempre disponibles en naciones subdesarrolladas y que, hasta ahora, sólo han vencido los llamados “emergentes” -. Países como China, Brasil y otros han comprobado la imposibilidad de trabajar sin inversiones extranjeras sin contar con regímenes jurídicos que no sólo los aliente sino que, a su vez, resulten garantía para atraer nuevas inversiones.

Reponer garantías jurídicas o aprobar leyes y disposiciones claras para garantizar las inversiones es muy importante; no hacerlo implicará que hay desidia en las autoridades que sólo obran demagógicamente sin dar la debida atención a una política económica sana. El gobierno, si quiere una administración eficiente, honesta y responsable del país, deberá adoptar medidas para que el capital nacional adquiera confianza y además, posibilite las inversiones extranjeras.