Violencia contra mujeres y niños

Desde el año 1982 cuando se reinstaló la democracia en nuestro país y funcionó el Poder Legislativo, mujeres que han ocupado las funciones de senadoras o diputadas – varias de ellas designadas “a dedo” por sus partidos y no por el voto popular –, han sostenido la necesidad de actualizar o dictar disposiciones que protejan a las mujeres y a los niños. Han pasado los años y muchos “legisladores” por el Parlamento, sin que se vea resultados sobre un problema que aflige y avergüenza al país.

La cobardía e insanía demostrada por muchos hombres que abusan a mujeres y niños, parece incrementarse especialmente por la ingestión de bebidas alcohólicas y el uso de drogas; ni a familiares ni a autoridades les hace mella que las consecuencias sean pagadas por mujeres y niños que viven en el contorno de quien se cree con derechos para disponer de sus esposas o compañeras o abusar de niños no sólo con maltratos físicos sino hasta con violaciones que, denunciadas, no reciben ningún castigo.

Los precedentes sentados son tantos que se ha llegado al extremo de callar porque no hay autoridad que ponga freno a los abusos: golpes, maltratos físicos, imposición de castigos, violaciones y hasta obligación de prostituirse, con las mujeres, no faltan; el caso de los niños es patético y se agrava con su ocupación en lenocinios, bares, restaurantes hasta horas avanzadas. Esos niños prácticamente han perdido sus derechos a jugar, alimentarse bien, estudiar y recibir toda la atención esmerada que merecen.

Las autoridades encargadas de velar por la seguridad de mujeres y niños parecería que viven complacidas de que los delitos proliferen porque sería una forma efectiva de someter a la voluntad machista a damas y niños que no pueden acudir a ninguna autoridad y que, si lo hacen, muchas veces duplican los castigos porque son parte del sistema. ¿Cuánto se habla en nuestro país sobre protección al sexo femenino y a los niños? ¿Cuántos abusos han sido sancionados? ¿Cuántos violadores han caído en poder de la policía y los tribunales disponiendo de libertades plenas a las pocas horas de haber sido descubiertos y apresados? ¿Cuántos violadores tienen sentencia de juez? Ninguna autoridad de juzgado o carcelario podría responder a estas preguntas.

Vivimos en pobreza y dependencia; pero no sólo económico-financieras sino morales, en la pobreza de valores, respeto y consideración por las mujeres y los niños; vivimos en ciudades, pueblos, cantones, villorios y áreas donde las mujeres hacen labor de esclavas al igual que sus hijos y, como no hay valores ni verdadero sentido de lo que es la valentía, la honorabilidad y las virtudes en las autoridades investidas de poder, el “dejar hacer y dejar pasar”, conductas contrarias a los derechos mínimos de mujeres y niños, es normal, costumbre, “prueba de machismo”. ¿Hasta cuándo?

Las autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y las judiciales sólo prometen disposiciones y medidas; pero el pueblo o, más propiamente, las víctimas, sólo sufren las consecuencias del “nada hacer”, del nomeimportismo y la desidia de autoridades que, parece, olvidaron que en su momento tuvieron madre, esposa, hijos y hermanos que, con su desidia y cobardía permiten que continúen delitos que deberían ser sancionados drásticamente.