Prueba dio positiva en detenidos de Yapacaní

La prueba de guantelete que se practicó en los civiles que fueron detenidos por los hechos violentos ocurridos en Yapacaní dio positivo, lo que significa que usaron armas de fuego contra pobladores y las fuerzas del orden, según reveló ayer el ministro de la Presidencia, Carlos Romero.

“Hay unos detenidos que dieron positivos en la prueba de guantelete, eso es un elemento e indicio pero fenomenal para esclarecer esa investigación”, dijo en entrevista con medios estatales.

Para el esclarecimiento del caso, indicó, que los detenidos en sus declaraciones ante la autoridad jurisdiccional deben responder por qué dispararon y bajo orden de quién lo hicieron.

Según ABI, dijo que si hay gente exigiendo la liberación de estos detenidos está en contrasentido para el esclarecimiento de los disturbios de Yapacaní, donde perdieron la vida tres personas y otros tantos fueron heridos, entre civiles y militares.

A juicio de Romero, “los criminales que utilizaron armas de fuego contra pobladores y policías deben ser encarcelados por 30 años”.

Lamentó que los medios de comunicación sólo hablen de los muertos, pero no de las armas de fuego que emplearon en los hechos de violencia de Yapacaní cuando pedían la renuncia del alcalde, David Carvajal.

Respondiendo a la amenaza de juicio por parte del jefe del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan Del Granado, Romero aclaró que los gobiernos municipales y las gobernaciones son instituciones autonómicas y que el Órgano Ejecutivo no tiene ninguna atribución de intervenir en conflictos internos.

“Hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance para mediar y facilitar que pueda encontrar una solución a la crisis institucional originado por intereses económico y políticos”, puntualizó.

Para ello, recordó que tiene los documentos que prueban que solicitó la mediación del Defensor del Pueblo que envió a su delegado departamental de Santa Cruz quien promovió en la ciudad de Montero una reunión con resultados mínimos.

Mencionó también que envió misivas a la Confederación Nacional de Interculturales, la Asociación de Municipios de Santa Cruz, alcaldes de otros municipios, asambleístas de la circunscripción, concejales y parlamentarios para buscar una solución a la crisis institucional de Yapacaní.