Comercializadores de ropa usada denuncian haber sido estafados

Alrededor de 50 comercializadores y exvendedores de prendería usada de la Feria 16 de Julio de la ciudad de El Alto habrían sido estafados por una improvisada política de reconversión que se aplicó el 2007 donde se les prometió capacitaciones y guía para establecer sus negocios, según denunció a EL DIARIO Yolanda Mamani, representante del sector.

Los comerciantes recibieron además préstamos poniendo como garantía sus hogares, de los cuales ahora correrían el riesgo de ser desalojados.

Las comercializadoras de prendería usada de una de las ferias más grandes a nivel nacional buscaban la posibilidad de convertirse en productoras ante los anuncios de cierre de la comercialización de este producto, advertencia que nunca fue cumplida por parte de las autoridades nacionales y menos por los Gobiernos Municipales.

“Los montos con los que nos hemos adeudado son varios, desde $ 5.000, $ 10.000 y hasta $ 15.000, pero las reconversiones que nos han ofrecido, incluían un proceso de capacitación por parte del Fondesif, la misma que no se llevó a cabo como se programó, aspecto que generó el quiebre del proyecto, pero no así el perdón a nuestras deudas y el riesgo de ser confiscadas, como cualquier préstamo a una entidad financiera”, explicó Mamani.

“Nosotros hemos entregado papeles de nuestros terrenos con la inscripción que están sin hipoteca, pero en el Ministerio de Desarrollo Productivo los funcionarios, fuera de tratarnos de manera descortés, sólo nos dicen para que se prestan, ahora la deuda tienen que pagar, porque nosotros no nos hacemos responsables del trabajo del Fondesif”, explicó María Calizaya.

“El mayor temor es que al final no nos quieran reprogramar la deuda que tenemos, no nos negamos a responder con ella pero buscamos la reprogramación porque no somos responsables de que el proyecto haya fracasado y que otros hayan sido los beneficiados, porque se ha adquirido dinero por parte del Gobierno, se ha invertido en el plan de reconversión y resulta que quienes nos hemos prestado, somos los que debemos pagar por la falta de profesionalismo, planificación y responsabilidad por parte del Gobierno, porque quienes hemos hipotecado nuestros bienes y conseguido garantes somos nosotros y no los funcionarios del Gobierno”, lamentó Guillermo Copa, uno de los afectados.

EMBARGO

Por su parte, funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo habrían preferido no atender la propuesta del sector de reprogramar mediante plan de pagos sus deudas antes de desalojar y confiscar sus bienes hipotecados.

La notificación oficial que inicia el proceso civil en contra de las comercializadoras de prendería usada verificada por EL DIARIO, señala lo siguiente: “(…) remítase el correspondiente mandamiento y embargo de bienes propios de la ejecutora hasta cubrir el monto total de la deuda adicional, como establece los artículos 487 inc. Dos y los artículos 491 y 497 del Código de procedimiento Civil”.

El documento incluye los nombres de los garantes y el embargo de sus bienes, con la finalidad de obtener el pago de la deuda de un proyecto que fracaso, como lo reconocen los propios beneficiarios.

EL DIARIO trató por todos los medios contactarse con los responsables de Relaciones Públicas del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, cometido que no fue logrado.