A nadie le pasa desapercibido que el gobierno del MAS, inseguro de lo que hace, cumple el papel de jugar con los intereses del país. El caso de los campesinos marchistas del TIPNIS que han despertado la solidaridad y apoyo no sólo de la población nacional sino continental, es patético puesto que, para darle alguna solución, el Gobierno - debería entenderse con la mejor intención - aprobó un decreto, llamado “ley corta” que comprometía la fe del Gobierno, en nombre del Estado, que no se continuaría con la construcción de la carretera Isiboro Sécure - Villa Tunari por la ruta trazada originalmente y que dividía el territorio.
Como siempre ocurre con este Gobierno, los arrepentimientos llegan después, aunque tarde, y así llegó la intención y propósito de anular esa ley corta, reemplazarla con otra disposición y, en el fondo, seguir con el proyecto original del camino, ignorando los compromisos con el TIPNIS. Por supuesto, la intención - propósito que de todos modos se llevará adelante - continuará conforme quiere el Gobierno; la medida, por supuesto, apoyará los propósitos e intenciones del Brasil, de empresas trasnacionales que explotarán las riquezas de la región.
Los campesinos del TIPNIS se ven enfrentados o amenazados por una marcha organizada por el mismo Gobierno y, sobre todo, apoyada por los cocaleros del Chapare que son los más interesados en hacer de Isiboro - Sécure el sitio apropiado para la expansión de cultivos de coca. El narcotráfico seguramente está de plácemes porque se cumplirá uno de sus grandes objetivos: hacer de Bolivia un emporio de la coca y un sitio seguro para la fabricación de cocaína y, además, centro continental de distribución y comercialización del letal producto.
El concebir nuevos trazos para la carretera, en lo posible desviándola por las orillas del río, nada significa para el Gobierno; por el contrario, no sólo preservaría las reservas, se mantendría intacto todo el territorio, se cuidaría ricas especies de animales y vegetales; se evitaría que el comercio internacional invada esas tierras y las explote sin planificación alguna. El Gobierno, además de cumplir con el compromiso de la “ley corta”, habrá respetado su palabra.
Organizar una contramarcha, con campesinos que obedecen las instrucciones de los cocaleros tanto del Chapare como de otras regiones, no es otra cosa que apoyar al narcotráfico porque esas zonas, ya invadidas por cocaleros que se asentaron mucho antes en Isiboro - Sécure, no harán otra cosa que cumplir con una mayor provisión de coca; ocuparán mano de obra barata y reclutarán más comercializadores y consumidores de droga. Burlar los compromisos con los campesinos da lugar a creer que el Gobierno sólo piensa en satisfacer caprichos y ambiciones de cocaleros irresponsables que, sabiendo que cultivan a favor del narcotráfico al asegurar mayor cantidad de coca, no hacen otra cosa que comprometer a su propia población.
Campesinos marchistas que apoyan al Gobierno reciben apoyo logístico, atención con ambulancias, uso de pertrechos y facilidades para cumplir con su propósito y señalan lo contario de lo que han sufrido los marchistas del TIPNIS que han demostrado coraje, honestidad y responsabilidad en defensa de una reserva y un territorio que son básicos para la vida del país. El Gobierno, aunque consciente de algunas realidades, parece decidido a no llegar a la conclusión lógica que sería respetar el texto de la “ley corta”, haciendo abstracción de caprichos que sólo acarrearán más problemas.
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