Concordia y unidad deben ser objetivos del gobierno

Cuando asumió el mando de la nación, en enero de 2006, el Presidente dijo que uno de sus objetivos sería lograr la unidad y la concordia entre los bolivianos; añadió que en su administración no habrían enfrentamientos ni muertos; que los “cambios” a introducirse determinarían que todos los bolivianos encuentren rumbos claros y precisos para conseguir el desarrollo nacional en beneficio de todos; fueron serie de promesas e intenciones que, a muy poco de expresarlas, se rompieron, se hicieron parte de la historia de la demagogia y quedaron como los primeros pasos de una intención totalitaria que por años sería permanente.

Señalar las promesas del régimen actual sería muy largo; pero, mostrar pormenorizadamente cada uno de los yerros, sería interminable y hasta aburridor para el propio gobierno. Aparte de ello, el pueblo ha vivido ya esas realidades en más de seis años; vivirlas así sea en el recuerdo, resulta contraproducente porque es retrotraer sufrimientos, decepciones, angustias y frustraciones. ¿Vale la pena? ¿Serviría efectivamente para los cambios? ¿Cambiaría conductas el gobierno, su partido, su entorno, y sobre todo quienes actúan como áulicos que tanto daño le hacen al propio Presidente? Cualquier pregunta que se formule en estos campos resulta inútil y, sobre todo, carente de respuestas que sean lógicas, coherentes y, sobre todo, rectificadoras o modificadoras de lo pasado que, al decir de un simple bolero: “ya es muy tarde para remediar todo lo que ha pasado…”.

Hoy, las situaciones que se presentan en el país obligan, a gobernantes y gobernados, a encarar los hechos con realismo y responsabilidad donde una vocación por la honestidad y reconocer que los derechos del pueblo son los mismos que el régimen reclama para sí. Esto implica, de algún modo, entender cuán importante es el amor que se tenga al pueblo y el sentido que debemos darle a la democracia en que vivimos o creemos vivirla con la serie de extremos que nos ha tocado sufrir.

Es preciso que las partes involucradas en la vida nacional, esto es el país en su conjunto - pero muy especialmente las autoridades - entiendan que, cuando se habla de libertades, es comprender los valores de la democracia y la justicia; entender que sólo se ejerce bien la libertad tanto cuanto se cuenta con la confianza pública y, para ello, nada mejor que la independencia con responsabilidad ante la ley y ante el pueblo. Sólo vivir las libertades que se pregonan es tomar conciencia de lo que significa la democracia bien entendida y mejor practicada.

Todo lo dicho implica que los hechos vividos, especialmente los matizados por la violencia que ha causado centenares de muertos y heridos, dolor, lágrimas y amarguras en miles de habitantes del país; retrocesos en lo económico, político y social, deben ser corregidos, enmendados no sólo en bien del Estado sino del propio gobierno que, con todo derecho, tiene la obligación de corregir sus conductas y encaminarse por senderos de honestidad, responsabilidad y conciencia de país.

Entre las libertades que se han perdido por la acción de hechos violentos o la adopción de medidas contrarias al bien común, están, innegablemente, los atentados contra la libertad de pensamiento que es parte indivisible de la libertad de expresión; es decir, contra el propio derecho que ejerce el gobierno y que, con mayor razón, justicia y obligación, debe ejercer el pueblo sin distinciones de ninguna clase, especialmente desterrando las malas artes del racismo, la división y el odio entre los bolivianos que, en obligaciones y derechos, deben tenerlos sin reticencia de ninguna clase.

Vivir realidades del Estado no puede ser difícil para el gobierno que tiene poderes políticos, económicos y sociales; todo es cuestión de desterrar la soberbia y la petulancia entendiendo que cuanto más se cree saber se comprueba que se sabe muy poco y, en base a esas limitaciones que son verdades, actuar con la simple conciencia que, forzosamente, debe ser parte de valores que se practiquen en la vida.

Un ápice de humildad; algunos gramos de sinceridad; pocos metros de caminar por las vías del pueblo entendiendo sus verdades; amar lo que creímos que se amaría; cumplir las promesas y abandonar los coqueteos demagógicos, no puede ser difícil; al contrario, si hay buena fe y decisión efectiva para los cambios, todo el camino debe estar sembrado con posibilidades para hacer ciertos los cambios que no pueden ser simples promesas y griteríos de circunstancias.

Finalmente, es preciso entender que cuando los objetivos de la democracia se desvirtúan, se traicionan los derechos del pueblo. Por ello, quien ejerce democráticamente el poder, debe hacerlo en condiciones de ejercitar valores que nada ni nadie puede destruir ni menoscabar. El ejercicio de la democracia obliga a respetar los principios elementales de la justicia entendiendo que la comunidad nacional es la conciencia del mismo Estado cuya administración se puso, de buena fe, en el gobierno.