La COB y su papel frente a la sociedad

La Central Obrera Boliviana (COB) que hoy se ha convertido en el instrumento político representativo de la sociedad boliviana, en especial, con fuerte ascendiente en la clase media, tiene entre sus manos la responsabilidad de rectificar el proceso iniciado en octubre del 2003 y configurar una propuesta programática que Bolivia requiere para generar un “nuevo factum” de cara al futuro.

De hecho, la promoción del congreso de los trabajadores en Tarija constituye la base del “nuevo pensamiento” y, como tal, una esperanza nueva para todos los bolivianos que desean contar con un necesario referente histórico.

Nuevamente la solución al conflicto nacional cae en manos de los trabajadores y, por estatuto, serán los mineros los responsables del futuro proceso histórico que el país requiere, al elegir al conductor de la organización que, a través del tiempo, ha mantenido liderazgo y, con su sacrificio, ha sustentado cada uno de los procesos políticos en Bolivia.

Si bien la nacionalidad boliviana se la ha construido a partir de la Guerra del Chaco, los factores visibles que desencadenaron tales procesos son identificados como la masacre de 1941, la Revolución de 1952, la “restauración” de 1964, la noche de San Juan de 1965, además de octubre de 2003 y cuyos resultados caen en la frustración nacional.

Es importante recordar a los delegados que como dirigentes laborales asisten a la “cumbre de los trabajadores de Bolivia”, que llevan entre sus manos la responsabilidad de todo el país y su pensamiento no debe estar circunscrito a la clase social a la cual representan, porque son parte importante de la nación boliviana y constituyen los brazos que construyen el país. De esta manera, están obligados a pensar como políticos y actuar como patriotas para la preservación de la democracia y poner un freno a la destrucción de la Patria.

Esta manera de pensar no significa “partidizar la institución” y menos proponer una acción subversiva que busque alterar el orden instituido, porque ejercer los derechos ciudadanos es hacer política y la política es el destino mismo del hombre. Y si recurrimos a René Zabaleta Mercado, encontramos que la “política es el aire de todos, porque es la suerte de la vida de todos, de una colectividad resuelta a tener un destino común”.

Recogemos por ello las palabras de Jaime Solares, quien propuso a sus colegas dirigentes que el momento exige a los trabajadores del país, en especial a quienes se proponen como futuros ejecutivos de la COB, a pensar en las “condiciones en que se encuentra Bolivia”, en el cumplimiento de la “agenda de octubre de 2003”, en la capacidad de conducción que tiene la Central para encarar la solución de los problemas que provocan la crisis nacional y por qué el país no encuentra su destino para alcanzar su desarrollo y atender las necesidades no sólo de los trabajadores.

La deuda pendiente del último lustro es la “nacionalización de los hidrocarburos”, que no pasó de ser la “legalización” de los contratos en el Congreso Nacional, así como la defensa de los recursos naturales no renovables, la industrialización del gas, su distribución interna en beneficio primero de los bolivianos, pero, fundamentalmente, la reversión de la política de capitalización en los sectores estratégicos de la economía, además de hacer efectiva una política de erradicación de la corrupción, que se la ejercita en toda la administración pública, pese al discurso del oficialismo y de la propaganda gubernamental, ya que después de seis años de ejercicio del poder, continúa “quebrantando a la República” o “ha envenenado hasta la sangre y nos ha quitado hasta las esperanzas como país”, según sentenciaba el propio Libertador Simón Bolívar en 1827.

Insistimos: “La corrupción de los pueblos nace de la indulgencia de los tribunales y de la impunidad de los delitos” (Bolívar - 29 febrero de 1828), cuyos fenómenos con vigencia plena se fortalecen cada día de la presente gestión. Es importante también recordar a los dirigentes que la independencia de Bolivia está en riesgo, tal como está su libertad, soberanía e igualdad, además de los derechos a pensar, hablar y comunicarse entre sí.