Oposición lamenta “favoritismo” judicial desde Ministerio Público

La oposición política lamentó ayer el supuesto favoritismo judicial con el que el Ministerio Público estaría actuando en el caso de la represión a la marcha indígena del TIPNIS, cuando primero se archivó obrados sobre los mandatarios en Sucre y el miércoles se desestimó el caso en Beni. Convergencia Nacional adelantó que tomará acciones contra el fiscal general interino Mario Uribe.

Con esta determinación, las investigaciones sobre el caso se desarrollarán en la Fiscalía de Distrito de La Paz, mientras el Gobierno solicita que se instale una comisión de alto nivel, aún no conformada, para realizar las indagaciones de los hechos acaecidos en la localidad de Chaparina el 25 de septiembre de 2011.

La asesoría legal de Convergencia Nacional adelantó a través de su abogado Luis Ayllón, que se interpondrá una proposición acusatoria contra el fiscal general, Mario Uribe de quien observan “favoritismo” con las autoridades del Ejecutivo.

En palabras a Erbol, Ayllón, lamentó la actuación del Fiscal General y el Ministerio Público en éste y otros casos como las muertes de La Calancha de Sucre o la quema de la prefectura de Cochabamba que sólo dio con los responsables de la muerte del campesino Juan Ticacolque y no así del universitario Cristian Uresti.

“Pero pese a ello, el Fiscal General lo único que hizo es favorecer a aquellas autoridades responsables de estos hechos, por lo que definitivamente sus actuaciones no pueden quedar impune y en todo caso vamos a presentar una proposición acusatoria en su contra, bajo la Ley de enjuiciamiento de altas autoridades del Estado”, declaró.

DEMANDAS DERIVADAS

El 3 de enero, paralelamente a la posesión de los 56 nuevos magistrados del Órgano Judicial, se dio a conocer que el Fiscal General determinó archivar el proceso requerido contra los mandatarios Evo Morales y Álvaro García Linera, que fuera remitido por petición de diputados de Convergencia Nacional (CN) como Tomás Monasterios. Aduciendo falta de fundamentos, el representante del Ministerio Público cerró la posibilidad de un juicio de responsabilidades por la represión a los marchistas de Tierras Bajas.

Basado en la Ley 044 sobre procedimientos para enjuiciar a altas autoridades de Estado, Uribe dictó archivo de obrados. La norma cita: “La Fiscal o el Fiscal General del Estado, en base a la proposición recibida y con los antecedentes que pudiera acumular, en el plazo máximo de 30 días hábiles, deberá formular el requerimiento acusatorio o, en su caso, el rechazo de la proposición acusatoria dictaminando el archivo de obrados por falta de tipicidad y de materia justiciable”.

El miércoles 18, la fiscal Patricia Santos anunció que el Ministerio Público determinó delegar las investigaciones por la represión policial a marchistas del TIPNIS a un solo archivo o expediente, centralizando el caso en la ciudad de La Paz. “Se ha remitido los antecedentes del caso, que estaban tramitándose en el Beni a conocimiento de las autoridades de La Paz. Se han unificado criterios”, declaró a los medios de comunicación.

La petición para investigar el caso en la jurisdicción competente fue interpuesta por el dirigente del Consejo Nacional de Markas y Allyus del Qullasuyu (Conamaq) Rafael Quispe.

CASOS

El 11 de enero de 2007 enfrentamientos entre sectores campesinos afines al MAS y grupos civiles de la capital cochabambina derivaron en la quema de la prefectura, dejando 3 fallecidos.

El 24 y 25 de noviembre de 2007 se registraron violentos enfrentamientos entre policías y pobladores de Sucre, movilizados en demanda de la capitalía plena. En el hecho tres personas civiles perdieron la vida en el sector de La Calancha.

El 25 de septiembre de 2011, los marchistas en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) fueron reprimidos por efectivos policiales en el departamento del Beni.