La violencia y la desunión cobran nuevas víctimas

Los hechos de Yapacaní, producidos luego de un Cabildo del pueblo que exigió la renuncia del alcalde, y que ocasionaron enfrentamientos entre policías que resguardaban el municipio e integrantes del Cabildo, han cobrado varias víctimas entre muertos y heridos. Las partes, enfrentadas por intereses creados y una división muy profunda, sin atender razones, se han sobrepasado y dado lugar a lo que las diferencias políticas, la desunión y los intereses creados, ocasionan sufrimiento no sólo en familiares de las víctimas sino de poblados que querrían vivir en paz y en concordancia con autoridades que sean resultado del voto y, sobre todo, que en su comportamiento no den lugar a radicalismos que, luego, exigen renuncias y cambios que los mismos pobladores no querrían.

El país, y mucho más las diferentes regiones de Yapacaní, es consciente de que el negocio de la coca y la acción del narcotráfico son causantes de este tipo de desacuerdos, divisiones y enfrentamientos que podrían generar muchas consecuencias graves; lamentablemente, las autoridades no siempre entienden estas realidades que viven los pueblos y, en lugar de propiciar la concordia y la unidad entre las partes, dan más la razón a quienes asumen posiciones partidistas a favor del Gobierno que a cuestiones de razón y entendimiento entre los pobladores.

La alcaldía de Yapacaní se ha convertido, por obra de la división y las discordias, en centro de enfrentamiento porque priman mucho las rivalidades, los sentimientos de clase, los intereses de cargos y conveniencias económicas y serie de razones que, muy luego, podrían implicar acciones de cultivadores de coca que, a su vez, sigan directivas del narcotráfico que sabe aprovechar cualquier situación que implique conflictos para expandir su trabajo entre los descontentos que siempre encontrará en las partes en disputa.

Hay que lamentar que, casi semana a semana, la colectividad nacional sufre anuncios sobre víctimas ocasionadas por radicalismos que no entienden razones y menos que deben respetar los derechos que arguyen las partes. El Gobierno, conjuntamente fiscales que representan al Poder Judicial, anuncia investigaciones “hasta dar con los realmente culpables de los hechos extremos”, pero sin resultados que efectivamente calmen los ánimos, restablezcan el orden, logren concordia entre partes y sienten las bases legales para evitar nuevas situaciones que deriven en la presencia de víctimas u ocasionan la intranquilidad de los pobladores.

Corresponde que las autoridades tomen conciencia de una realidad: mientras haya dominio por intereses creados de los empresarios de las drogas, las acciones conflictivas seguirán en el país y mucho más en sitios donde el accionar de cocaleros es decisivo y cualquier autoridad corre el riesgo de estar sujeta a caprichos o posiciones contrarias a cualquiera de las partes; en el caso Yapacaní, la autoridad edilicia es parte del partido de gobierno que, en todo caso, buscará la hegemonía partidaria dejando estela de dudas y susceptibilidad en quienes, por su parte y mediante un Cabildo, exigen renuncia de la autoridad y, seguramente, designación de una nueva, pero que no sea otro representante del partido de gobierno. Las autoridades, con cuidado y sentido de equidad y ecuanimidad, deberán evitar que los enfrentamientos sean “pan de la discordia” puesto que ello implicaría sembrar semillas para que la imposición y la fuerza sean los medios para suspender autoridades y designar, inclusive, a quienes no hayan sido elegidas en legítimos comicios.