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La noticia es del 5 de enero, cuando Exterran, de Houston, publicó un aviso informando que construirá en Itaú el complejo procesador de gas con mayor capacidad entre sus plantas en América Latina. Era víspera del Día de Reyes.
Para la magnitud de la obra -5,66 millones de metros cúbicos de procesamiento diario-, cuya inversión total aún no es pública, podía esperarse un anuncio especial de YPFB, pues es la primera obra industrial de esa escala emprendida por el sector petrolero privado desde las medidas de 2006, diseñadas para retomar el control de toda la industria petrolera. No lo hubo. La obra fue licitada y adjudicada por Petrobrás, que opera el campo Itaú, cuya producción está destinada a cumplir los compromisos con ese país.
Exterran Holdings Inc. ya se adjudicó otra planta -la ampliación de la de Yapacaní, que opera desde fines del año pasado- con un procesamiento de poco más de 1,5 millón de metros cúbicos diarios de gas.
El mismo día de la publicación de Exterran, los diarios hablaban de incrementar la producción gasífera para poder cubrir las obligaciones con Argentina que de casi ocho millones de metros cúbicos subirán a unos 27 mm3d para fines de la década.
Para cubrir esas cantidades son necesarias inversiones de magnitud, que no se han realizado en los últimos seis años. En realidad, hace tiempo que Bolivia debía estar produciendo unos 72 millones de metros cúbicos diarios (actualmente: unos 42 mm3) para las obligaciones contraídas. Pero Argentina redujo sus metas de compra y pudimos cumplir normalmente con Brasil y abastecer el mercado interno.
Un informe de la Fundación Milenio observa que los ingresos récord por exportaciones de gas han tenido como contrapartida inversiones misérrimas -en la escala petrolera- en exploración. De los más de 14.700 millones de dólares generados por el gas en el quinquenio 2006-2010, la exploración recibió migajas. “Ningún país -dice Milenio- podría ser centro energético de ninguna región invirtiendo tan solo US$ 293.3 millones en exploración durante un periodo de cinco años; ese es un monto bajísimo que equivale a un promedio de US$ 58.7 millones por año…”. ¿Recuerdan que el presidente Morales inauguró hace un par de años un pozo exploratorio, cuyos resultados son hasta ahora desconocidos? Si el resultado fue negativo, no había por qué callarlo, pues los fiascos son normales en la fase exploratoria de la industria.
Se suponía que las medidas de 2006 conferían a Bolivia autonomía en la gestión de sus campos. Esa gestión tiene limitaciones, pero no son públicas. O no se las ha especificado.
Entendidos en este asunto recuerdan que el emprendimiento de Exterran viene de los convenios de 2010 entre YPFB y sus socios y operadores de Itaú, a los que se sumó Petrobrás (la más afectada con la nacionalización de 2006), con un 30%. YPFB detenta la menor participación, con un 4%. Total tiene el 41% y BG Bolivia el 25%. La prioridad de los yacimientos, y de la procesadora, es Brasil, cliente príncipe del gas boliviano. Mutún o complejos petroquímicos no entran en esta ecuación.
Técnicos consultados sostienen que ante los signos declinantes observados en los campos de San Alberto y Sábalo, de donde sale el gas para Brasil, es natural que los operadores quieran garantizarse suministros. El contrato con Brasil vence en 2019. Tras seis años de ingresos mil millonarios causados por un capitalismo duro de morir, los socios de Yacimientos empiezan a abrir la billetera para garantizarse compras contratadas y recuperar tiempo. YPFB, que tampoco abrió la suya, ahora también quiere desandar el tiempo perdido.
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