Magistrados titulares liquidadores observan composición de salas

Los magistrados titulares liquidadores en una nota enviada al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Gonzalo M. Hurtado, el pasado 12 de enero, se refirieron a la conformación de cuatro salas, dos penales, una social y una civil.

En el texto, los magistrados Javier Serrano Llanos de Chuquisaca, William Alave Laura, La Paz; María Bustamante Ramírez, Cochabamba; Ana Quispe Cuba, Oruro; Elisa Sánchez Mamani, Potosí, Carmen Núñez Villegas, Tarija; Arminda Ríos García, Santa Cruz; Silvana Rojas Panoso, Beni y Delfin Betancur Chinchilla de Pando, hacen hincapié en que las salas liquidadoras, serían tres, una penal, una civil y una social compuestas por tres magistrados titulares liquidadores en cada una.

Al respecto, manifiestan que la conformación de estas salas en el área de liquidación se encuentran inadecuadamente distribuidas porque no se está considerando que los competentes de las mismas presentaron una nota en fecha 5 de enero del presente año, vale decir, que no fue tomado en cuenta nuestra sugerencia.

Asimismo, observan que la conformación de salas liquidarias varía a la estructura anterior, a la cual consideran que se debería darle su continuidad, vulnerando de esta manera el principio de juez natural, como el artículo 120, I de la Constitución Política del Estado y Art. 8.1) del Pacto de San José de Costa Rica.

Sostienen además que con esta conformación tampoco se observa de manera objetiva qué autoridad con competencia llegará a unir procesalmente dos salas en una, así como por su especialidad. Acotan que de estas salas penales se debería prever que una de las mismas sea Tribunal Cautelar y la otra esté habilitada para dirigir posibles juicios instaurados ante la Corte Suprema de Justicia.

En la misiva, recuerdan que como se informó en reunión sostenida con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 10 de enero de 2012, se tiene conocimiento que las salas de los magistrados titulares cuentan cada magistrado con 2 asistentes legales, 1 asistente por sala, 1 secretario personal, 1 auxiliar, 1 chofer, cuando no tienen un mínimo de causas por atender, contrariamente las salas liquidadoras, fueron conformadas por 2 asistentes para 3 magistrados liquidadores, miembros de una sala, es decir, que ni siquiera ahora cuentan con un asistente por liquidador.

En ese marco, dejaron en claro al presidente, que el personal asignado para la carga laboral no es el suficiente para afrontar el trabajo encomendado por ley, menos erradicar el estigma de la retardación de justicia.

Asimismo, mencionan que los anteriores miembros de la Corte Suprema de Justicia tenían 3 asistentes por ministro, además de 1 secretario de Cámara de su “confianza” que resolvían aproximadamente un número de 400 causas por año, que multiplicado por 3 años, daría 1.200 causas, por lo que ellos deben concluir con más de 8.000 causas ordinarias, sin considerar procesos contenciosos, juicios de responsabilidades, extradiciones y de revisión extraordinaria de sentencia como conflictos de competencias entre cortes en el plazo de 3 años y ni siquiera un asistente por magistrado liquidador.

Enfatizan también en que esta imposición de estructura diseñada, lo único que hace es mostrar el poco interés en combatir la mora judicial dentro del Tribunal Supremo de Justicia.

En el texto, también afirman que no se toma en cuenta personal de sala plena, desconociendo así en la necesidad de contar con un equipo mínimo para el apoyo en la resolución de juicios de responsabilidades, es decir que desconocen la superabundante la carga procesal.

Asimismo, los magistrados liquidadores, hacen mención a problema de infraestructura que confrontan desde el momento de su posesión efectuado el pasado 3 de enero y tambien sin designación de oficinas, sin conocer causas.. y sin contar con el personal asignado, contrario a lo que ocurre, con los titulares que incluso cuentan con personal ya designado y oficinas totalmente equipadas (personal y apoyo logístico).

“Nos hemos visto sorprendidos que sala plena de manera arbitraria y contraria a la Ley determinó que seamos ubicados en ambientes alejados del edificio principal en un lugar denominado “el gallinero” ambientes que sirvieron de depósitos judiciales, esta situación frente a todo lo manifestado sobrepasa lo intolerable porque es indigno el trato que se nos está dando, tal vez con un temor de que pretendamos la titularidad, manifestamos que no nos interesa tal extremo y lo que queremos es trabajar dignamente y conforme señala nuestro ordenamiento jurídico, nos debemos al pueblo, porque de ellos emana la jurisdicción y no de una sala plena que avasalla derechos, como ser la dignidad, la seguridad de la función y responsabilidades otorgadas a nuestras autoridades”, enfatizan.