Aumento sin control de empresas constructoras

Por estudios realizados en el país, se ha establecido que existen alrededor de “un mil empresas constructoras que funcionan ilegalmente”, de un total de siete mil existentes en toda la nación. Las denuncias, por más que se considere que son exageradas las cifras, dan lugar a crear alarma, especialmente si surge la interrogante: ¿de dónde sale todo el dinero y quiénes operan para un flujo increíble de medios financieros para un trabajo tan acelerado como el que muestra la industria de la construcción?

En la década de los años 80, especialmente en países centroamericanos, surgieron muchas empresas constructoras que ofrecieron casas y departamentos con precios bajos; algunas investigaciones establecieron que, al menos parte de ellas, estarían subvencionadas por empresarios de las drogas que buscaban que esos países alberguen en sus territorios a bancos dedicados al “lavado de dólares provenientes del negocio ilícito de las drogas”. Como el narcotráfico dispone de todo tipo de poderes, las investigaciones no llegaron a puntos concretos; pero, eso sí, quedó la prevención – especialmente para la banca y la industria privada – sobre el peligro que conlleva la oferta fácil de dinero que puede producirse especialmente en países que requieren obras de infraestructura.

Por principio, nadie pone en duda la buena fe y la honestidad con que seguramente actúan quienes dirigen muchas empresas que no han llenado los requerimientos exigidos por la ley para su funcionamiento; pero puede ocurrir que los empresarios de las drogas aprovechen situaciones anómalas para introducirse con miras a lavar el dinero mal adquirido. Para las aseveraciones que se hace en relación con la industria de la construcción está el criterio “de la oferta de departamentos mediante la banca, pero con dinero que sería facilitado por potenciales financiadores y, al venderse esos inmuebles, automáticamente “lavarían su dinero” al vender a clientes que, así sea con facilidades de pago, logran contar con vivienda”.

Hay que convenir también en que si hay, más o menos, un mil empresas constructoras que funcionan ilegalmente es por descuido, negligencia o culpa directa de las autoridades que no saben ejercer los controles debidos y, en muchos casos, otorgan autorizaciones “provisionales” que se hacen permanentes y el descuido se extiende por muchos años, hasta que la empresa se dé cuenta de su situación ilegal o es prevenida por la autoridad respectiva. Son, pues, las autoridades municipales las encargadas de controlar autorizaciones para la construcción de viviendas y mucho más, el funcionamiento de empresas dedicadas a tan compleja labor que debe estar sometida a muchos controles no sólo legales sino técnicos por la responsabilidad que implica la construcción de una vivienda o de complejos habitacionales donde habitarán muchas personas. Esos controles, en todo caso, deben ser permanentes y no estar supeditados a “recuerdos tardíos” de autoridades o inspectores que han descuidado labor tan importante.

Es preciso que el Gobierno central, mediante el ministerio que corresponda, las gobernaciones y alcaldías, instruya que se legalice totalmente el funcionamiento de empresas constructoras y, a su vez, corresponde que las involucradas en la ilegalidad, establezcan con mucha claridad la proveniencia de dineros cuando son ofertados por terceros y donde no hay participación alguna de entidad bancaria; además, su legalización total debe ser preocupación inmediata para evitar tropiezos no sólo con las leyes sino ser víctimas de chantajes y otras situaciones anómalas por parte de interesados inescrupulosos.