Registraron 250 casos de violencia sexual en niñas y adolescentes

Un estudio desarrollado por la organización no Gubernamental “Munasim Kullaquita” reveló que en la ciudad de El Alto el 2011 se registraron 250 casos de violencia sexual comercial en niñas y adolescentes menores de 18 años.

La información corresponde al director del proyecto Ricardo Giavarini, quien agregó que las menores llegaron a ser ultrajadas en alguno de los 150 lenocinios que existen en las zonas 12 de octubre y Villa Dolores, negocios que generan ganancias de hasta 48 mil bolivianos por mes gracias a la prostitución.

NORMAL

Según Giavarini, durante la pasada gestión se logró contactar a 80 menores de edad que son explotadas sexualmente en negocios nocturnos en cercanías de la Ceja de esa urbe, entre los testimonios recogidos se pudo evidenciar que muchas asimilan como “normal” la realidad a la que se enfrentan diariamente.

“Hay niñas que están en este contexto y no se percatan de la gravedad física y psicológica de proyección de sus vidas. Asumen esto como una situación normal (…) Esta posición de ellas es irregular, peligrosa, es dañina, es una situación que perjudica no sólo su cuerpo, sino también su alma y su espíritu”, reflexionó.

NIVELES

En la investigación efectuada por la organización se observa tres niveles de menores desde los que van en los 12, 13 y 17 años de edad, las cuales estarían supuestamente involucradas con estas redes de prostitución, también se estableció que la mayoría son de La Paz, además de diferentes provincias del área rural, mientras que otro porcentaje proviene de Santa Cruz, Pando y Beni. Se presume que casi todas fueron captadas mediante agencias de empleo, mediante engaños, por redes de trata y tráfico.

Giavarini observa con preocupación que existe una ausencia de control y habilitación de algunos negocios como los alojamientos y lenocinios, los cuales no son clausurados a pesar de haberse encontrado menores en calidad de prostitución, donde son violentadas sexualmente estas menores. Incluso se teme que haya grandes intereses económicos y autoridades detrás de estas actividades.

“La población de El Alto ha intentado quemar, destruir y alejar estos lugares, sin embargo, siguen trabando e incrementándose dichos ilícitos. Las autoridades que tendrían que intervenir en esto, lastimosamente no lo hacen, yo sospecho que hay también corrupción que se pasa la coima a alguien que con el silencio y la indiferencia permite que estas cosas sigan avanzando”, denunció.

Por otra parte, sostuvo que los datos oficiales manejados a nivel de la Alcaldía señalan que existen 600 trabajadoras sexuales y 18 lenocinios registrados oficialmente en El Alto, el resto, más de un centenar, son clandestinos y no cuentan con autorización para su funcionamiento.

PROBLEMÁTICA

Varios diagnósticos determinan que en la ciudad de El Alto existe una proliferación de lenocinios, prostíbulos y alojamientos donde se ocasiona que cada vez sean más menores víctimas de explotación sexual comercial.

Informes oficiales develan que cada trabajadora sexual percibe por cliente entre 20 y 30 bolivianos, de los cuales los dueños de cada lenocinio se quedan con dos tercios de la ganancia, por lo que cada niña, adolescente y mujer que se dedica a esta actividad percibiría sólo 10 bolivianos por el servicio.

La única norma que autoriza el funcionamiento de estos negocios nocturnos es la Ordenanza Municipal 132/2007 bajo la cual están acogidos solo 18 lenocinios de las zonas 12 de Octubre, Villa Dolores y Villa Bolívar “A”.

Según Giavarini, pese a esta norma existe una cantidad no definida de prostíbulos que funcionan camuflados como alojamientos, estos se ubican en La Ceja, la zona 12 de Octubre, Río Seco, 16 de Julio, Senkata, Villa Dolores y Villa Bolívar “A” y “D”.

De acuerdo a los informes de la Gobernación las licencias para habilitar alojamientos como actividades económicas, serían de plena responsabilidad del Gobierno Municipal de El Alto el cual no verificaría el tipo de actividad al que se somete, mientras que a los alojamientos, bares y cantinas utilizados como lenocinios no existe un seguimiento para garantizar que dichas actividades económicas clausuradas no vuelvan a ser habilitadas. Asimismo, entre las responsabilidades de la Gobernación no existe ninguna tarea de control a los más de 500 alojamientos ubicados en esta urbe.