El controvertido problema de la coca - cocaína

El acuerdo tripartito que suscribieron los gobiernos de Bolivia, Estados Unidos y Brasil, para la medición y cuantificación de la producción de coca en territorio nacional, ha provocado reacciones inmediatas y de lo más controvertidas, especialmente en los ámbitos de producción de la hoja y en su representación sindical que no cede en su intención de “mantener e incrementar los actuales niveles productivos”, al considerar que la demanda sube en los usos tradicionales.

La realidad nos dice que “el acullico” ya no significa una práctica cotidiana de alto consumo y menos los usos medicinales que van desapareciendo en la medida en que se comprueba su eficiencia en el momento de producir cocaína.

Este acuerdo trinacional permitirá a Bolivia contar en el futuro inmediato con la necesaria información para precisar los niveles productivos, cuantificar las extensiones de territorio ocupado por los cultivos, clarificar ante la opinión internacional la cantidad de cocaína que potencialmente se produce con el 70 por ciento de coca ilegal, así como adoptar decisiones de manera contundente y sacar a Bolivia “del circuito del mal” que estigmatiza a los bolivianos en todo el mundo. Se trata, además, de revertir la opinión que se tiene como país que “fracasó manifiestamente” durante los últimos años en la lucha contra las drogas.

La firma del documento constituye, asimismo, una muestra de la decisión de “rectificar un comportamiento anterior” en la lucha contra las drogas, por lo menos el inicio de la apertura gubernamental en el avance de su “nueva política” que une esfuerzos contra el “poder clandestino” en el cual se mueven las bandas de narcotraficantes y que, de alguna manera, penetraron y se fortalecen en el país, con las facilidades que les permiten las circunstancias.

Significa también una respuesta positiva que contradice conceptos de informes especializados expedidos por algunos organismos internacionales, como es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), que ha considerado que el “país no está combatiendo adecuadamente al narcotráfico, comprobando con datos estadísticos que demuestran que la producción de coca ha crecido”. Está, también, el Departamento de Estado de Estados Unidos que apunta a Bolivia y Venezuela “de haber asumido políticas tolerantes en su lucha contra el narcotráfico”, mencionándose que la captura por la DEA, del general de policías René Sanabria, significa “un ejemplo de la penetración (del narcotráfico) en el gobierno.

El Gobierno tiene entre sus manos, como debilidades de su política antidrogas, dos hechos que no escapan a las consideraciones externas. Primero, que el jefe de Estado, es y se mantiene como presidente de la Federación de Cocaleros del Trópico de Cochabamba; segundo, la negativa del Gobierno, tenaz y hasta compulsiva, de evitar el retorno de la DEA a Bolivia, en calidad de “organismo especializado” en la “guerra contra el narcotráfico”, en especial en el campo de inteligencia. Pero también se menciona a varios funcionarios públicos, militantes del MAS, detenidos transportando cocaína y que continúan con sus actividades habituales, caminando por las calles de las grandes ciudades.

Este cúmulo de antecedentes ha llamado la atención no sólo del Presidente de Estados Unidos, sino del propio jefe de Gabinete del Gobierno Argentino, quien ha calificado a las “políticas de erradicación del Gobierno de Bolivia” como “esquizofrénicas”, según cita el diario “La Nación” de Buenos Aires. Este dignatario de Estado había criticado al presidente Morales “por sus esfuerzos destinados a legalizar la producción de coca”.

Para el presidente Barack Obama, Bolivia “falló de manera demostrable” en la lucha contra el narcotráfico, aunque calificó como “esfuerzos significativos” los realizados durante los 12 últimos meses, lo cual implicaba una “exención en razón de un interés nacional vital” y, por lo tanto, garantizaba (en septiembre último) que se mantenga la cooperación con Bolivia. “Estimamos que la producción (de cocaína) alcanzó a 195 toneladas métricas potenciales anualmente, debido al creciente uso de tecnología más eficiente para la producción de droga”. Según la ONUDD (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), “la gran mayoría de la coca que se produce en Bolivia -70 por ciento- no va al mercado legal”.

Los esfuerzos gubernamentales precisamente no están dirigidos a cumplir con la Ley y los compromisos que Bolivia tiene con el mundo, sino tienden más bien a estimular campañas de “propaganda política” dirigidas a puntualizar que “nunca antes se había realizado los esfuerzos que hoy se muestran” y que los “resultados en interdicción y erradicación son mejores que en gobiernos anteriores”.

Lo que no se informa, ni se menciona es que la frontera agrícola de la coca ha invadido territorios prohibidos por Ley, tales como La Asunta (Sud Yungas), Caranavi (Caranavi), Guanay, Tipuani y otros (Larecaja), Apolo (Iturralde), Cajuata, Licoma y otros (Inquisivi), en el Departamento de La Paz, así como se muestra cultivos en los parques Isiboro - Sécure, Choré, además de las grandes extensiones del Chapare, Yungas de Vandiola y otras zonas en los Departamentos de Cochabamba, Beni y Santa Cruz. En los dos últimos años se ha denunciado que en Pando se multiplican los cultivos, bajo la sombra del bosque.

Es importante destacar que el respeto “a la dignidad y soberanía” de la Patria debe considerar básicamente el respeto a la dignidad y soberanía de las personas y, por lo tanto, la política antidrogas de Bolivia tiene que estructurarse y sustentarse en la defensa de la salud y el bienestar de cada uno de los bolivianos, para evitar que miles de jóvenes y niños “deambulen sin rumbo y con la consciencia perdida”.