Juntas vecinales y periodistas piden frenar avasallamientos

Oruro, (EL DIARIO).- Las juntas vecinales de los barrios periféricos y los periodistas de Oruro pidieron al Gobierno, a la alcaldesa Rossío Pimentel y al comandante de la Policía Departamental, frenar el avasallamiento de tierras, que está provocando “malestar en la ciudadanía orureña, con resultados gravísimos, como la destrucción de casas y enfrentamientos con heridos”.

El presidente de la Coordinadora de Juntas Vecinales Periurbanas de Oruro, José Flores, dijo que en forma personal buscará el diálogo con el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, para devolverle a esta ciudad la paz y la tranquilidad, porque durante cuatro años, “todos viven en zozobra, con la presencia de grupos irregulares que se apoderan de terrenos, los venden y los revenden en 5.000 bolivianos”.

“Ellos son loteadores. No son personas que no tienen terreno. Tampoco pueden ser del Movimiento sin Techo, ya que están vendiendo terrenos por todas partes, engañando a los hermanos campesinos, sin saber si esos dirigentes son dueños o no. Eso ha ocurrido con los terrenos de la Urbanización de la Prensa. El Gobierno ha decidido no fomentar el loteamiento ni el avasallamiento”, afirmó Flores.

José Flores recibió respaldo de la Confederación de Juntas Vecinales de Bolivia, para que continúe como presidente de la Coordinadora de Juntas Vecinales de Oruro. El Ministerio Público realizó también una audiencia para que las dos partes en pugna por la toma de la Coordinadora, reconociendo con plena vigencia a Flores.

El Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro pidió a la alcaldesa Rossío Pimentel la aprobación inmediata de sus planos, porque de lo contrario, significa “seguir alentando la confrontación y la ilegalidad”, en base a documentos ilegales que han sido fraguados por los dirigentes de la supuesta Urbanización Virgen del Carmen 2, Jhonny Choque Mamani, Teodoro Flores Huallco, Gonzalo Villarte Flores y Juana Flores de Villarte.

Según el Sindicato de la Prensa, “lo más inaudito es que esos documentos fraguados han sido avalados por funcionarios de la Alcaldía, porque hicieron aparecer el pago de impuestos desde la gestión 2007, como si esos terrenos pertenecerían a los avasalladores”.