Feudalismo social sobre los hidrocarburos

Las compensaciones en dinero a las que está obligada la actividad de hidrocarburos a favor de los pueblos indígena-originarios, ha devenido en una rémora que no sólo la retrasa sino que en muchos casos sobrepasa la inversión requerida o le resta rentabilidad, haciendo inviables los proyectos. En la actualidad por lo menos 13 de éstos en el sur-oeste del país se encuentran estancados por las excesivas exigencias de la Asamblea del Pueblo Guaraní y sus filiales.

Estas trabas derivan de la propia Constitución vigente que atribuye a dichos pueblos “libre determinación y territorialidad” (Art. 30 - 4), la consulta previa “respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables” (Id. - 15), etc. Autoridades de YPFB no han vacilado en calificar como “chantaje” el abuso de tales prerrogativas ejercitadas contra éste y contra las empresas del rubro.

Aunque la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contempla un régimen concesionario parecido para este tipo de pueblos, su aplicación práctica se traduce en un exceso en detrimento de la sociedad en general y del Estado en particular. Es que el sistema en cuestión involuciona hacia los tiempos en que los propietarios del predio eran a la vez dueños de todas las riquezas minerales y de hidrocarburos que pudieran yacer en el subsuelo -como sucedía en Estados Unidos-, estando en libertad exclusiva de percibir los beneficios correspondientes o cobrar los derechos de explotación a terceros.

Actualmente el regalismo de las comunidades originarias bien podría llamarse “feudalismo social” por el acaparamiento de los recursos naturales y la territorialidad reconocida, condiciones muy características del feudalismo de la Edad Media y de los pueblos jurídicamente más atrasados.

Ningún Estado que se estime tal puede renunciar a sus derechos eminentes y patrimoniales en materia minera y de hidrocarburos, velando por el interés general de la sociedad a la que representa. Frente a la dimensión de las exigencias referidas, resultaría menos oneroso y ajustado a derecho derivar a la expropiación de los bienes necesarios de las etnias originarias, en virtud de la necesidad y utilidad pública de los proyectos.

Según YPFB los 13 proyectos estancados significarían una erogación de 72 millones de dólares. El destino de estos maravillosos recursos constituye un misterio, al igual que los pagos hechos en casos similares hasta el momento, salvo alguno bajo cierta supervisión negociada. Tampoco se conoce informes de las inversiones y beneficios obtenidos por los pueblos indígenas supuestamente beneficiarios ni fiscalización ni contraloría alguna, mientras estas percepciones económicas son de “libre disponibilidad” y sería insincero no suponer que estemos en presencia de una próspera fuente de nuevos millonarios gracias a la ingenuidad o al engaño a los indígenas.

No es novedoso afirmar que muchas veces su representación es asumida por individuos foráneos a estos grupos humanos. Inclusive hace algunos días se produjo una invasión del grupo Takovo Mora a los predios de la Planta de Separación de Líquidos de Río Grande, proyecto estrella del Gobierno, pese a existir fallos ejecutoriados del Tribunal Agrario Nacional, actitud útil para conocer la voracidad a que está dando lugar la normativa y la condescendencia.

Otras normas legales en la materia por su ambigüedad e insuficiencia contribuyen a la extorsión y discrecionalidad de estos manejos como el Decreto Supremo 29.033, disposición anterior a las actuales concesiones de la Constitución, precedencia que demuestra que no estamos ante nuevas reivindicaciones ni mucho menos.‘21