Ley de Imprenta, base de la libertad de expresión

En la historia de la comunicación social de nuestro país, las experiencias habidas en más de ochenta años, han establecido que la Ley de Imprenta del año 1925 se ha convertido en uno de los pilares de la libertad de expresión; es decir, de la vigencia plena de la libertad de pensamiento que, en definitiva, es fundamento de la libertad de expresión y, por antonomasia, de la libertad de prensa y comunicación; pero, no solamente de la que gozan los medios, periodistas, analistas, editorialistas, escritores y quienes - poseedores de conocimientos y capacidad para mostrar valores y cualidades de la vida del ser humano - aportan diariamente al buen entendimiento, a la unidad y concordia de los hombres, mostrando que el libre albedrío otorgado por Dios al ser humano, es bien que sirve a los pueblos y es patrimonio de toda la humanidad.

El gobierno del presidente Evo Morales, su entorno y su partido, desde el inicio de su gestión, en enero de 2006, ha intentado, por todos los sistemas y medios, vulnerar la libertad de expresión, regularla, controlarla y convertirla en instrumento del régimen; en otras palabras, hacer que los medios y periodistas actúen conforme a los intereses y conveniencias del gobierno, de su partido y de las ideologías socialistas y marxistas que está dispuesto a aplicar en el país.

Los periodistas, medios de comunicación y organizaciones de la prensa, han defendido la libertad de pensamiento porque es un derecho inalienable que nadie, por poder que tenga, puede regularla o controlarla, menos sojuzgarla y manejarla conforme a intereses creados. El periodismo y la comunicación en general, ante la posibilidad de las intenciones de censura y violación, han mantenido la posición de defensa absoluta de lo que pertenece no sólo a quienes trabajan en la comunicación sino al mismo pueblo y, dentro de éste, al propio gobierno y sus integrantes que, mediante la libertad de expresión, actúan, dan a conocer sus criterios y pensamientos y, además, utilizan a la prensa, radio, televisión y medios alternativos como fuerza y medio para dar a conocer los hechos inherentes a sus labores gubernamentales. Que ese uso no sea lo coherente y positivo que sería de desear, no es falta ni culpa de las organizaciones de periodistas; lo es, en todo caso, desvíos o desvaríos de quienes, por ser áulicos o partes del régimen, no saben actuar conforme a principios elementales de la libertad de expresión que, en todo caso, es servicio y entrega a las causas del bien común.

Últimamente, luego de una reunión política denominada “plurinacional”, las decisiones sobre la prensa y los medios parecen terminantes y categóricos: “modificación de la Ley de Imprenta, aprobar una ley de medios y el control social sobre los contenidos de los medios de comunicación e información”. ¿De qué autoridad estaría revestida la “reunión plurinacional” que, parece, reemplazaría al Poder Legislativo en el estudio y aprobación de leyes? Cuántas veces, el primer poder del Estado como es el Legislativo, en gestiones muy anteriores al actual régimen, intentó promover una nueva Ley de Imprenta o convenir con los medios la adopción de medidas regulatorias para la comunicación social; pero, se comprendió que ello no sólo es difícil sino imposible porque atentaría contra la libertad de pensamiento y automáticamente contra la libre expresión y los derechos adquiridos por los pueblos y la prensa en todas sus formas.

Quienes han intentado medidas punitivas o de simple control a los medios y periodistas han tenido que acogerse a las doctrinas totalitarias y tiránicas de quienes, en nombre de políticas extremistas y materialistas, buscan que la comunicación sea parte de acciones que complotan contra los derechos humanos y evitan el libre ejercicio de la libertad de pensar y expresar lo que se siente y piensa, lo que conviene a la comunidad nacional y lo que representa la vigencia de derechos del ser humano.

¿Cuánto han logrado los propugnadores de políticas contrarias a las libertades? Si bien su dominio, siempre circunstancial, ha durado algún tiempo, nunca pudo ser eterno porque siempre pudieron más los valores del ser humano dispuesto a defender lo que es parte indivisible de él y que nadie puede suprimir o, si lo hace, es a la fuerza, obligados por las amenazas y peligros que pueden ser dispuestos por quienes poseen poderes políticos, económicos y sociales desde puestos de gobiernos que si bien predican su amor a la democracia y las libertades, en su accionar diario van contra todo ello y no vacilarían, por intereses creados e imposición de su partido, decidir lo que el periodismo y los medios deban hacer; en otras palabras, acoger lo hecho en regímenes totalitarios e imponerlos a sus pueblos por miedo a represalias e imposiciones más graves.

Para el periodismo en Bolivia, mientras haya posibilidades, valores y coraje defensivo, no serán posibles imposiciones que sojuzguen lo más sagrado e importante para todos los habitantes del país, incluyendo los integrantes del régimen gobernante. Quienes propugnan cambios a la Ley de Imprenta no hacen otra cosa que buscar medios para suprimir la libertad de pensamiento, expresión y prensa e imponer políticas para fines que no siempre pueden ser convenientes para el pueblo.