Ramírez, su esposa y su asistente recibieron las condenas más altas

(EL DIARIO y agencias).- El juez primero de sentencia, José Luis Rivera, condenó hoy a 12 años de prisión a Santos Ramírez, ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), acusado de varios delitos de corrupción. Su esposa, Giovanna Navía Doria Medina, y su asistente, Esther Carmona, fueron sentenciadas a nueve años de reclusión en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes.

Ramírez, quien fuera segundo hombre del Movimiento Al Socialismo (MAS), cumplirá su pena en la cárcel de San Pedro, donde ya está recluido desde hace más de dos años.

Junto a Ramírez también fueron sentenciadas nueve personas más y dos fueron absueltas de los cargos.

“Yo estoy tres años detenido sólo por haber soñado patria, por haber querido a mi país. Tal vez me he equivocado por querer dar los pasos rápidamente o políticamente, no pensé que la política era tan ingrata. Yo voy a confiar en la justicia porque creo en mi país”, dijo el miércoles a la espera de una sentencia absolutoria, lo que no ha ocurrido.

Agustín Tomás, que actualmente se encuentra prófugo, debe cumplir una pena de seis años en el penal de San Pedro.

Luis Fernando Córdova Santivañez, seis años en San Pedro; Javier René Navia Doria Medina, nueve años en el mismo penal; Geovana Navia Doria Medina, nueve años en la cárcel de Obrajes; Esther Carmona Nogales, asistente de Ramírez, que debe cumplir una pena de nueve años; Mauricio Ochoa que también se encuentra prófugo debe cumplir nueve años en San Pedro; Marco Antonio Vega del Carpio, nueve años en San Pedro, y Misael Gemio Jordán, tres años en el mismo penal.

Fueron absueltos del caso, Miguel O’connor Darlach, hermano de la persona que falleció a causa de un disparo el día que se dio a conocer todo el conflicto de corrupción que involucró de forma directa al entonces presidente de YPFB, Santos Ramírez, y José Manuel Álvarez Gantier.

Ramírez fue detenido preventivamente el 13 de febrero de 2009, después que la jueza Marcela Siles decidiera la reclusión por los delitos de contratos lesivos al Estado, uso indebido de influencias, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y otros, luego de evidenciarse una serie de irregularidades en el contrato entre YPFB y la empresa Catler, por 43 millones de dólares, para la adquisición de una Planta Separadora de líquidos.

Luego de la sentencia, Ramírez anunció que apelará el fallo y presentará una querella contra los fiscales que promovieron un proceso abreviado en favor de dos implicados en ese caso.

“El Tribunal Primero de Sentencia, no se enmarcó en las leyes ni en la Constitución, por lo que presentaré la apelación como corresponde, además una querella contra los fiscales por el proceso abreviado contra dos imputados”, dijo después de escuchar la sentencia.

El ex titular de la estatal petrolera dijo que a pesar de las evidencias contundentes y claras, el Tribunal Primero de Sentencia no actúo en base a las pruebas, al precisar que al menos se presentaron 140.

“Normalmente las pruebas que presenta YPFB y el Ministerio Público son para demostrar la culpabilidad del acusado, pero las 140 pruebas que presentaron los fiscales no fueron leídas, ni una sola durante el juicio en mi contra”, argumentó al ratificar que presentará una demanda contra los fiscales.