Duro golpe a la inversión privada y al empresariado

Contrariamente a lo que debería hacer el Gobierno -si realmente quiere cambiar y rectificar viejas políticas retrógradas impuestas en seis años-, ha dispuesto una nueva medida que impedirá, casi definitivamente, la inversión privada nacional o extranjera; a más de ello, propina un golpe artero y contundente al empresariado privado con la aprobación de la Ley 212 que, en su artículo 10, parágrafo II, inciso 7, referido a las demandas contenciosas administrativas obliga al contribuyente que “debe acompañar el comprobante de pago total del tributo presumiblemente omitido y actualizado en UFVs”. Esto implica que, en relación con las disposiciones anteriores, quien adeuda al Estado debe cancelar, en su totalidad, el monto de lo adeudado; en otras palabras, se coloca en absoluta indefensión a quien enfrenta algún proceso.

La medida, arbitraria desde todo punto de vista y contraria a lo que establece la Constitución Política del Estado, automáticamente cancela toda posibilidad de un régimen jurídico apropiado y necesario en el país para las inversiones. La medida no sólo cerrará las posibilidades de nuevas inversiones sino que obligará a que muchas empresas conformadas con capitales nacionales o extranjeros, prefieran cerrar sus negocios y abandonar el país.

¿Qué busca la medida? ¿Por qué las políticas que desincentivan toda posibilidad de mejorar las relaciones entre el capital y el Gobierno que representa al Estado? ¿Hasta cuándo no habrá suspensión de sanciones o revanchismos contra el empresariado privado que, al igual de lo que ocurre ahora, en el pasado ha trabajado y producido, exportado y dado ganancias al país? ¿Es que no hay posibilidad de entender que siendo Bolivia un país capitalista no puede ni debe prescindir de la actividad privada? La nueva Ley denominada de Transición Judicial es, pues, contraria a todo razonamiento legal; es atentatoria porque obligará a que el empresariado nacional evite, por los métodos que fuere, tener algún proceso administrativo con el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) o con la Aduana Nacional (ANB); en otras palabras, sentir que está, de hecho, en posición indefensa inclusive por lo que podría calificar cualquiera de las instituciones nombradas como contraventora a la Ley.

A las medidas que rigen sobre regulaciones al empresariado en los últimos seis años, las disposiciones colaterales que han sido aplicadas a la inversión privada, añadir un nuevo freno o baldón, es contrario a toda posibilidad de cambio a favor de la economía nacional o, peor, de producir o mejorar la capacidad instalada, realizar inversiones pequeñas o grandes y, sobre todo, tener siquiera esperanzas para crecer, generar más riqueza y crear empleo. ¿Es que todo este conjunto de males no perjudicaría al propio Gobierno y dejaría al Estado en su conjunto en situación más grave de la que enfrenta dada una crisis que se agiganta con medidas contraproducentes y contrarias al sentido común?

El Gobierno, aparentemente consciente de sus políticas de cambio -sin proponerse cambiar conductas- tendrá que sopesar mucho lo que haga; si continúa con medidas como la dispuesta por la Ley 212, el panorama se presentará sumamente contrario a los intereses nacionales; se puede asegurar que se ha propinado un golpe artero al empresariado privado, a las inversiones, a la libertad de crear riqueza y crear empleo y, además, un nuevo atentado contra la Constitución.