Recuerdos del presente
La decisión tomada por el gobierno nacional contra la empresa Pan American Energy (PAE) llega en un momento muy delicado para el futuro de las exportaciones de gas natural.
Es una empresa con capitales argentinos, es decir del país que se presenta como el más confiable mercado para el gas boliviano, un país que en este momento tiene dos alternativas: su gas no convencional, del que posee reservas de 450 TCF, y el gas natural licuado que importa de ultramar.
La empresa Bridas, socia de PAE, es de propiedad de un empresario argentino con mucha influencia en el gobierno de la presidenta Cristina Fernández, Alejandro Burgheroni.
El gobierno boliviano dijo que la PAE no estaba haciendo las inversiones comprometidas, inversiones que iban a servir para que aumenten las exportaciones a Argentina, siempre y cuando se complete el GNEA, dentro del territorio de ese país, para que el volumen pase de los 11 millones m3/d. Se supone que esas exportaciones aumenten en 2017 a 27 millones m3/d.
La medida llega cuando la señora Fernández está aplicando un cambio en la tendencia de su gobierno, alejándose de la corriente del “socialismo del Siglo XXI”. Su dura posición respecto de Irán, que llegó a influir en que Bolivia tome la decisión de no invitar a Majmud Alhmadinejad en su gira por Sudamérica, es muy reveladora.
Con todos estos elementos, expulsar del país a una empresa petrolera con capitales argentinos podría no ser una decisión inteligente, o por lo menos oportuna.
Tomar esa decisión a pocas horas de que el presidente Evo Morales lamentara, en su mensaje a la Nación, la falta de inversiones en Bolivia, es algo incoherente.
La otra decisión, respecto de la mina Himalaya, muestra una ligereza muy grande. Dos días después de anunciada la medida no se sabía si la explotación iba a pasar a poder de Comibol o de una cooperativa. Una falta de seriedad que se suma al hecho de que la mina estaba operando desde hace cuatro años en calidad de bien intervenido, invadido, avasallado, por un ayllu que se transformó en cooperativa, lo que no es una carta de presentación muy efectiva para atraer inversiones.
Un panorama que empeora con las alusiones hechas por el ministro de Minería, Mario Virreira, a la posibilidad de que sea estatizada la mina San Cristóbal.
Aquí el tema es tan complejo para la industria minera como es el de PAE para la petrolera. Estatizar San Cristóbal afectaría a la mayor inversión japonesa en Bolivia y podría desalentar a las empresas de ese mismo país que mantienen cierto interés en el litio de Uyuni.
Es cierto: la popularidad del gobierno está muy baja y es preciso dar golpes de escena para subirla. Pero las medidas que se tome deberían ser mejor meditadas.
Ya que hay tantos Ministerios en el gabinete del Ejecutivo, quizá haya que proponer la creación de otro más, el Ministerio de Coherencia.
Resulta difícil seguir las informaciones que produce el gobierno, lo que refuerza la tesis de que hay más de una corriente en su seno, donde unos hacen los discursos, otros toman las medidas, y los más vivos hacen excelentes negocios.
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