Con el “signo de la confrontación” y el “estigma de la violencia”

El 2012 nació en Bolivia bajo el “signo de la confrontación” y “el estigma de la violencia política” y si fuese cierto que tienen carácter de presagio los primeros actos realizados en el inicio del año, estaríamos sin la posibilidad de tener días de paz o, en el mejor de los casos, momentos de diálogo y concertación que faciliten soluciones a aquellos conflictos sociales o problemas regionales que, precisamente, fueron hechos concretos registrados en ese lapso que marca la transición del viejo al nuevo año.

El pesimismo, que no precisamente expresa un “deseo maquiavélico”, permite reflexionar sobre determinados factores que presionan sobre la sociedad y exacerban los ánimos, que generan alteraciones en la realidad nacional.

Los factores que son de conocimiento público están relacionados con los conflictos que protagonizan los marchistas discapacitados que tienen decidido llegar desde Quillacollo hasta La Paz, pese a un acuerdo firmado con el Gobierno, o aquellos que reclaman la derogatoria de la “Ley Corta” para partir en dos el TIPNIS y que, de alguna manera, constituye un fenómeno de violencia política; los chóferes del transporte público lidian en busca de nuevas conquistas para sus operaciones en el radio urbano, así como el conflicto que provocó el Gobierno contra los médicos del país, al decretar la modificación del “horario laboral de 6 horas”, para que sea de 8 horas.

En el “signo de la confrontación” estaría escrita la decisión del Gobierno para “imponer una Ley de Comunicaciones” que reemplazaría a la “Ley de Imprenta”, cuya invalorable y sabia estructura jurídica viene legislando el trabajo de periódicos y periodistas, desde 1925. De hecho, la nueva Ministra del área ha comenzado la promoción de la futura estructura jurídica a partir de sus declaraciones realizadas minutos después de su posesión en Palacio de Gobierno.

La señora Amanda Dávila en sus intervenciones mediáticas previas a la asunción ministerial, habló en forma reiterada sobre tales necesidades. Dicha decisión, además, la respalda en un supuesto “mandato del Encuentro Plurinacional” de Cochabamba, cuyo objetivo “es adecuar los instrumentos legales a la nueva Constitución Política del Estado”, con el agravante de “superar las debilidades” que los medios de comunicación independientes (privados) tienen y que se traducen en la “falta de pluralidad y en la falta de cobertura a otras expresiones de la sociedad”.

Una segunda advertencia planteada por la nueva Ministra está relacionada “con la pertenencia empresarial o tendencia política” de los medios y de los periodistas, que “minimizan lo bueno y destacan siempre lo malo”, observándose la ausencia de un equilibrio en la información.

Instituciones representativas del periodismo boliviano, ante las advertencias del MAS lanzadas a través de la nueva Ministra, aclaran que la Ley de Imprenta de 1925 tiene plena concordancia con la normativa constitucional y responde a principios universales del derecho a la libre expresión, información y prensa, que son parte fundamental de los Derechos Humanos.

Estos extremos, además de la violación de las normas nacionales e internacionales, serán motivo de una denuncia concreta ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos y la Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El retorno de Juan Ramón Quintana como Ministro de la Presidencia finalmente es un motivo más de conmoción interna y desgaste de la popularidad del Jefe de Estado en el escenario político nacional. Su presencia ha motivado una censura abierta contra él y el propio Presidente, tanto dentro del Movimiento Al Socialismo, como fuera del partido gobernante. Es considerado como el principal actor de la “controversia”, la “confrontación” y la “división” de los bolivianos, pero también la “principal expresión de debilidad de la estructura gubernamental”.