Prensa denuncia agresiones gubernamentales ante OEA

El fiscal general de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Antonio Vargas, presentó dos informes a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Estados Unidos, referente a las agresiones a periodistas en el país y denuncias acerca de la elaboración e implementación de normas contrarias a la CPE y a la normativa supranacional de Derechos Humanos.

De acuerdo al informe, las más recientes agresiones en contra de los trabajadores de la prensa, se dieron en el marco del desarrollo de la marcha de los indígenas de Tierras Bajas quienes se movilizaron en protesta para defender el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), debido a la imposición del Gobierno para construir una carretera que dividiera el área.

La actual administración del presidente Morales ha identificado en los periodistas a sus enemigos y los acusa permanentemente de intentar desestabilizar su Gobierno “tergiversando” la información.

FUNCIONARIOS

De acuerdo con el informe presentado por Vargas, las agresiones a los periodistas son también por parte de los funcionarios del Ejecutivo de alta jerarquía. El mismo Mandatario acusó de “mentiroso” a un periodista que denunció el financiamiento de un viaje de campesinos a México a un evento acerca del cambio climático, encuentro donde Morales pretendía encabezar el discurso de la defensa de los derechos de la Madre Tierra.

Otras autoridades como el exministro de Gobierno, Sacha Llorenti y el actual ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, acusaron a los periodistas de “tergiversar” la información. Éste último “denunció” que la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) recibía financiamiento de una organización estadounidense, que paradójicamente también aporta a entidades vinculadas con ministros de Estado.

NORMAS CONTRARIAS A LA CPE

Vargas explica en el informe que hace más de un año, las organizaciones que representan a la prensa en Bolivia denunciaron ante la Comisión de Derechos Humanos (CIDH) el estado de la libertad de expresión en el país. Durante esta exposición se apunta al Gobierno del presidente Evo Morales atenta contra este derecho a través de la promulgación de diversos instrumentos jurídicos y con ello vulnerando la Carta Magna, además de contravenir la normativa supranacional en materia de Derechos Humanos.

El Fiscal señala también que pese a las aseveraciones de las autoridades gubernamentales que advierten la no modificación de la Ley de Imprenta hasta ahora vigente, en el desarrollo del Encuentro plurinacional, las organizaciones sociales afines al partido de Gobierno, sugirieron una nueva Ley de Comunicaciones que pretende normar el trabajo periodístico, principalmente en la “veracidad” de la información.

El informe fue preparado por la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), la Confederación Sindical de Trabajadores de Prensa de Bolivia (CSTPB) y la Asociación Boliviana de Radiodifusoras (Asbora).