UE pierde otro país en su esfuerzo por pacto fiscal

Bruselas, (EFE).- Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) dieron ayer un nuevo paso hacia el pacto para reforzar la disciplina fiscal, que prevén firmar en marzo, pero República Checa no pudo apoyar el acuerdo por “razones parlamentarias”.

El acuerdo sólo cuenta, por tanto, con el respaldo político de 25 de los 27 países comunitarios, ya que el Reino Unido rechazó formar parte del mismo en la cumbre de diciembre.

Las negociaciones de ayer estuvieron a punto de verse truncadas por las reticencias de Polonia a aceptar los términos del pacto, que, en su opinión, no contemplaba una participación suficiente de los países no miembros de la moneda única en las cumbres del euro.

COMPETITIVIDAD

Los líderes incluyeron finalmente una salvaguarda para contentar a estos países, que podrán asistir a las reuniones cuando afectan a la competitividad de las partes firmantes, la modificación de la arquitectura global de la eurozona y las reglas fundamentales, así como en discusiones sobre cuestiones específicas del pacto.

Eso sí, mantuvieron una referencia a que su participación se limitará a los casos en que se considere “apropiado” y se producirá “al menos una vez al año”.

El presidente francés, Nicolas Sarokzy, aclaró que las reuniones se producirán en tres niveles: miembros del euro; “Euro Plus” (miembros del euro más los que aspiren a unirse a la moneda única); y Euro plus ampliado (aquellos que hayan ratificado el pacto, pero como Dinamarca gocen de una cláusula de autoexclusión de la divisa).

OBJETIVO DEL PACTO

El principal objetivo del pacto fiscal es obligar a los países que lo ratifiquen a incluir de manera vinculante y permanente en sus legislaciones o constituciones la llamada “regla de oro”, destinada a limitar el déficit estructural anual al 0,5% del PIB.

Eso garantiza que ningún cambio de mayoría parlamentaria elimine el techo de gasto, explicó la canciller alemana, Angela Merkel.

Los líderes europeos estuvieron de acuerdo en que los países podrán solicitar sanciones financieras directamente al Tribunal de Justicia de la UE para países que no trasladen este techo de gasto correctamente a su normativa.

Las multas podrán ascender, en última instancia y como máximo, al 0,1% del PIB y los fondos que se recauden se ingresarán en el Mecanismo Europeo de Estabilidad o fondo permanente (MEDE) o en el presupuesto de la UE.