Hoy, en los albores del año 2012, recuerdo todo el sainete que se armó para elucubrar algunas leyes que a la postre fueron cumplidas en parte o en nada. Por ejemplo el incumplimiento de la ley contra los conductores ebrios sigue cobrando vidas de la población boliviana. No cabe duda de que parte de la sociedad boliviana está subsumida en el ambiente de ingerir alcohol. No faltan los pretextos para el consumo -excesivo-, ya sea durante una fiesta patronal barrial o zonal, en concordancia con los “usos y costumbres”.
El cumplimiento de las leyes, buenas o malas, es el principio sobre el que se basa el Estado de Derecho. Sin su cumplimiento no existe la seguridad jurídica y por tanto nadie podrá emprender una acción con la seguridad de lograr el resultado de la misma. Eso nos lleva a la corrupción y a la arbitrariedad que inciden directamente sobre nuestras vidas.
Todas las decisiones que tomamos se basan en la confianza, si vamos a embriagarnos es porque buscamos diversión (probablemente) y si ese consumo de alcohol variase arbitrariamente, ¿alguien seguiría con su consumo indiscriminado? Si al cruzar una calle siguiendo un semáforo en verde y repentinamente cambiase al rojo y el de los automóviles cambiase a verde, ¿alguien cruzaría siguiendo la indicación de los semáforos? Pues algo parecido ocurre con las leyes, ¿qué ocurriría si éstas dejasen de cumplirse y el Estado no velase por su cumplimiento?, el caos. Por ello es necesario que exista una tradición en la cultura política de los ciudadanos que los lleve a cumplir las leyes independientemente de si éstas les parecen buenas, malas o regulares.
Sin embargo son muchas las ocasiones en las que las leyes se las incumple en nuestro país y muchas las veces en las que el Estado no las hace respetar. Ese incumplimiento puede desencadenar la crisis de nuestro Estado de Derecho. Por nuestro propio bien acojamos en lo más profundo de nuestro subconsciente ciudadano el respeto y cumplimiento de las normas. Exijamos que el Estado haga cumplir las leyes.
Mientras tanto el sainete de las leyes permanece, ya que es insuflado por los mismos encargados de penalizar los efectos que produce el alcohol, ya que se escudan en decir que se les está limitando el derecho a la tradición, la “cultura”, a la diversión como “uso y costumbre”, algo totalmente falso, pues para divertirse no necesariamente se tienen que embriagar.
Ojalá alguna institución se ocupe de estos desaciertos y promueva campañas de prevención educativa para evitar el sufrimiento, no de los irresponsables, sino de los allegados y familiares de los accidentados. ¿O es que el fin último de esta ley era sólo para defenestrar a un potencial candidato a Gobernador de la ciudad de La Paz?
Otro ejemplo de este sainete es la “ley corta” que prohíbe la construcción del tramo II de la carretera que rompe el corazón del TIPNIS y que costó vidas y mucho sacrificio a los originarios de la Loma Santa, que lograron el respaldo de la generalidad de los bolivianos y que en concordancia con la protección al medio ambiente apoyaron la misma. Pero esta ley no se diferencia de otras sancionadas por el Estado partido.
Es más, existen serios indicadores para colegir que la “contramarcha” del Conisur es para defenestrar la marcha por el TIPNIS. Sea como fuere, la inseguridad e indefensión del ciudadano boliviano es cada vez más preocupante. Pues si se desestima la triada: 1) prevenir una conducta heterónoma (no violar la ley), 2) no hay bilateralidad (el sujeto no es obligado a cumplir la ley, como tampoco existe otro facultado para exigir su cumplimiento) y 3) es coercible (no existen sanciones), seguirá la impunidad de los actos que están aumentando la inseguridad, pérdida de vidas, atentados contra los derechos humanos y constitucionales.
En consecuencia, algunas leyes “envolventes” (tramposas) no garantizan las condiciones de convivencia y en especial de no dañar ciertos bienes jurídicos, no protegen ni previenen los daños que competen a la sociedad, en esta coyuntura en la que se jactan de promover un cambio para un vivir bien.
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