MSM denuncia paralización judicial en caso de carretera

El pasado jueves 26 de enero el Movimiento Sin Miedo (MSM), presentó un memorial a la Fiscalía de Distrito, reclamando la paralización de los juicios por los supuestos sobreprecios en la construcción de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos; según la abogada del frente político, Aída Camacho, el sobreprecio sería de 210 mil dólares por kilómetro cuadrado.

El 11 de septiembre del 2008 las autoridades de la administración boliviana de carreteras (ABC) y la empresa constructora OAS definieron el contrato base para la construcción de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos bajo la modalidad de contratación llave en mano, con un monto de $us 415 millones.

ABOGADA CAMACHO

Según la abogada del Movimiento Sin Miedo (MSM), Aida Camacho en el contrato habría un sobreprecio de $us 210 mil, porque el monto por kilometro cuadrado debe ser de 170 mil dólares y el monto que se está manejando actualmente es de $us 380 mil.

Igualmente indicó que la marcha del Conisur de manera deliberada pretende ignorar los sobreprecios de los contratos que el Gobierno a través de la ABC ha realizado, y que el objetivo de la marcha es encubrir a las personas que han realizado la contratación con un posible alto daño económico al Estado.

“Somos testigos de la llegada de la marcha del Conisur y esta marcha pretende ignorar que hay serios cuestionamientos a la construcción de la carretera por el TIPNIS y están ignorando de manera deliberada que el Gobierno a través de la ABC ha realizado la contratación con sobreprecio de la carretera San Ignacio de Moxos - Villa Tunari (...) sólo se está buscando el encubrimiento de los que han realizado esta contratación con un grave daño económico al Estado”, indicó.

El proceso de investigación que se entabló por las denuncias de sobreprecio fue paralizado, porque se planteó un recurso de incompetencia al juez de la localidad de San Borja.

Camacho sostuvo que el 26 de enero el MSM presentó un memorial al Fiscal de Distrito en el que se cuestiona a la autoridad por la paralización ilegal de la investigación por las denuncias de sobreprecios y hasta la fecha no se obtuvo respuesta de la autoridad.