En Bolivia, España o la china ... Exija su factura!

El tenista español no sólo tendrá una dura batalla frente al serbio Djokovic, también deberá explicar a la Justicia impositiva de su país por qué pagó 11 mil euros tras ingresar 47 millones a su patrimonio.

Empresas dependientes del tenista se instalaron, desde 2006, en Gipúzcoa, por las exenciones que brinda esa provincia española a las compañías para que ocupen su suelo. El titular de las firmas es el padre del mallorquín, Sebastián (Nadal).

En esa zona de la Península Ibérica rige un plan para que sociedades que quieran asentarse allí puedan hacerlo, y así gozar de beneficios impositivos. El número dos del ranking de la ATP y su entorno están en la mira por un círculo de préstamos “dudosos” entre las mismas firmas y por generar un domicilio “fantasma” en San Sebastián.

El sistema por el cual se puede gozar con la ayuda es el régimen de Sociedades de Promoción de Empresas (SPE). A través de él, la razón social que se instale en Gipúzcoa deberá demostrar un capital mínimo de 3 millones de euros y pagar una inscripción que demanda la suma de 3.000 de la misma moneda.

Una de las firmas,ASPEMIR, funcionaba como prestamista de la otra, Goramendi Siglo XXI. La segunda se encarga de la imagen del jugador y la primera, que está dentro del plan de SPE, le brindaba créditos participativos con intereses del 95 por ciento.

A la hora de recibir el capital anteriormente prestado, ASPEMIR pagaba impuestos ínfimos, por estar configurada como una SPE. De esa manera, se especula que el jugador evitó pagar los compromisos monetarios con el Estado español.

La investigación por parte de la Agencia Tributaria surge a raíz de que las compañías figuraban en el mismo domicilio, que a su vez pertenecía a una asesoría fiscal, y de que el tenista pagó 11.000 euros de impuestos, cuando Goramendi adujo 47 millones.

En 2009, previendo que era sospechoso residir en Mallorca y tener las firmas en Gipúzcoa, Sebastián Nadal habría comenzado a nombrar directorios por cada entidad y establecer espacios propios y no prestados. Además, como una maniobra para demostrar la permanencia en el País Vasco, “Rafa” pasó más tiempo por San Sebastián.

El Estado español investiga si el hecho es condenable o no. El tenista no tiene las de ganar si se toma en cuenta el reciente caso de la ex jugadora, Arantxa Sánchez Vicario, quien fue condenada a pagar una multa de tres millones de euros. La catalana intentó, sin éxito, demostrar ante la justicia que residía en Andorra -que cuenta con un plan similar al SPE vasco- en lugar de hacerlo en Barcelona. Pero Las autoridades no se fiaron de su discurso ni de su defensa y sentenciaron a la ex número uno del ranking de la WTA.