Himalaya confía que Estado restablecerá sus derechos

El directorio de la Empresa Minera Himalaya Ltda. (EMH) confía en que el Estado restablecerá sus derechos y asegura que tuvo y tiene una actuación contractual legal y correcta, fue la posición que se hizo conocer al ministro de Minería y Metalurgia, Mario Virreyra, informó el asesor jurídico de la empresa, Raúl Azurduy.

Los representantes de la EMH, denunciaron, en diferentes circunstancias, que se intenta violentar sus derechos constitucionales, legales y contractuales; y objeta el “acta de reversión” de contrato suscrita hace siete días entre los que avasallaron la mina de producción de wólfram, algunas autoridades, cooperativistas y mineros sindicalizados, dijo.

Manifestó que, luego de una reunión de directorio EMH espera el restablecimiento de sus derechos constitucionales que pretenden ser violados con la “toma” de manera ilegal, provocando, un grave daño económico a los intereses del país.

“Se cuenta con todo el respaldo jurídico y técnico para desvirtuar falsas declaraciones y apreciaciones incorrectas de los interesados en la resolución del contrato. La empresa siempre tuvo una conducta contractual correcta durante todo el tiempo del contrato de arrendamiento con la Comibol, cumpliendo todas y cada una de sus obligaciones”, explicó el asesor jurídico de la empresa.

Se remitió una nota oficial a las autoridades de Comibol y del Ministerio de Minería impugnando la validez legal del “Acta de Reunión” que, en su criterio debería ser anulada en cumplimiento de la CPE y las leyes del sector y el Contrato de Arrendamiento, remarcó.

Señaló que se presentaron descargos documentados a las apreciaciones incorrectas establecidas en la auditoría externa al contrato, realizada por la Empresa Consultora Wilde y Asociados en noviembre del año 2010.

DERECHOS CONSTITUCIONALES

El asesor jurídico aseguró que, a pesar de la existencia de las resoluciones multiministeriales a favor de la solución al problema mediante la migración a un contrato de riesgo compartido, hoy se pretende consumar la violación de los derechos de la empresa y trabajadores; los mismos que están reconocidos en la CPE, el Código de Minería, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y en el propio contrato de arrendamiento.