Disputa por el Campo Margarita

Cualquier problema entre dos o más partes debe solventarse sobre la base de la justicia y de la equidad. En estos días contemplamos un conflicto que no es nuevo entre dos departamentos del sur, Chuquisaca y Tarija, por el campo gasífero de Margarita, es decir, por las regalías que pueda rendir el mismo y cuando se anuncia su enorme potencial. Chuquisaca sostiene que el reservorio correspondiente abarca la frontera entre ambos departamentos y reclama su cuota parte, por su parte Tarija aduce que Margarita le pertenece en su integridad. Sin duda, sólo un estudio técnico puede establecer la verdad científica al respecto y lo racional es que las partes se avengan al mismo.

Si aquélla debe ser la conclusión del conflicto, no se puede perder de vista que temas como el presente deben ser planteados con sentido propositivo, primando la conciencia de que ninguna pretensión de monopolio, menos aún de egoísmo, entre dos integrantes de un mismo país es buena ni constructiva. Por supuesto que lo anterior no supone la renuncia a ningún derecho legítimo que pueda asistir a alguna o a ambas partes.

Tampoco es bueno dejar que un conflicto se agrave por falta de la atención debida. El Gobierno nacional tiene mucho que ver en la dilatación del problema por su renuencia a intervenir en el mismo, llevado por el argumento -si cabe- de que la solución debe darse entre los respectivos gobiernos autónomos. No es la primera vez que ocurre, hasta que se desencadenó el paro indefinido del departamento de Tarija. Similar actitud asumió Potosí el año 2010 con otro paro de muchos días por una serie de acuerdos incumplidos por el Gobierno, al paso que no se vio nada semejante en ningún Gobierno “neoliberal”.

No obstante nada justifica la medida puesta en ejecución por los cívicos tarijeños y sus autoridades, que sin ser indefinida se prolongó por ocho días con importantes perjuicios para la propia población tarijeña y para el comercio con Argentina y Paraguay, comercio del que participa en gran parte el contrabando.

Esta fue una modalidad de destierro para los turistas en número cercano a las tres centenas, castigados por el bloqueo de las carreteras internacionales. Con franqueza ante la prensa expresaron que aunque gusten del país, no aconsejarían a sus amigos o parientes arriesgarse a estas penalidades en el territorio nacional. Prevenir tales dificultades es responsabilidad de quienes desatan tan extremas medidas y de las autoridades que no las prevén, con menoscabo de la hospitalidad que merecen quienes erogan en el país.

YPFB tuvo que rescindir o postergar la consultoría de la firma estadounidense Gaffney Cline para la medición territorial de Margarita a fin de posibilitar el diálogo y, en consecuencia, se firmó un Acuerdo de Entendimiento entre los ministros de Gobierno y De la presidencia y los portavoces tarijeños, en sentido de que Tarija contratará otra firma especializada para el cotejo consiguiente. Sin embargo, desde dicha firma han variado los criterios.

El ministro Quintana afirma que el estudio que pueda aportar el tantas veces mencionado departamento sólo tendrá carácter de “monitoreo”, por lo que si hay coincidencias las partes podrán aceptarlo, de lo contrario tienen abierto el camino judicial. Por su parte la dirigencia tarijeña vuelve a una situación de reflexión, dudando del acuerdo suscrito en Santa Cruz. En resumen, volverán las presiones más pronto que tarde.