Se inicia debate sobre aplicación de consulta previa a indígenas

El pliego petitorio del Consejo Indígena del Sur (Conisur) plantea el reconocimiento de tres organizaciones a la par de la subcentral TIPNIS que tiene en este momento la personería jurídica colectiva que conglomera a todos los sectores dentro de la reserva natural boliviana. Con la determinación de la comisión legislativa y la dirigencia de la Conisur sobre llevar una “consulta previa” para definir la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, comienza el debate sobre quiénes deben ser involucrados en ese procedimiento.

Aplicar la consulta previa a los pueblos originarios dentro del Territorio Indígena daría la razón a la VIII marcha de Tierras Bajas, mientras que ampliar el procedimiento a las “comunidades indígenas” afiliadas al menos a otras tres organizaciones fuera de la subcentral TIPNIS, podría consolidar la vía Beni – Cochabamba en su tramo dos, según explicó Adolfo Moye.

“Si se aplica la consulta al interior del TIPNIS no ganarían, pero si se maneja con personas que no tienen nada que ver con el TIPNIS corremos riesgo; pero nosotros recordamos que se pidió en su momento la consulta previa, nunca nos opusimos a la carretera, pero sí se debió consultar. A estas alturas ya están hechos los contratos y las construcciones avanzadas, entonces no tiene sentido, al menos que se vuelva a fojas cero”, dijo.

COMISIÓN LEGISLATIVA

Las primeras conclusiones de la comisión de alto nivel conformada por las presidentas de las cámaras de Senadores y Diputados, Gabriela Montaño y Rebeca Delgado, respectivamente, conjuntamente a los dirigentes de Conisur, liderados por Gumercindo Pradel, determinaron ayer que la Ley de Consulta Previa tenga 11 artículos aplicados a las “comunidades indígenas” y que este procedimiento deberá realizarse 90 días después de su aprobación para aquellos sectores con título de propiedad individual.

El pliego de la marcha del Conisur, en su segundo punto, pide un blindaje legal sobre la reserva natural, además del “reconocimiento a las cuatro organizaciones que forman parte del TIPNIS como son: Conisur, subcentral TIPNIS, subcentral Sécure y central Oromomo del Sécure Alto por parte del Gobierno Nacional”. Estas serían las cuatro instancias para aplicar la consulta previa.

Por su lado, el vicepresidente Alvaro García Linera, reconoció ayer que hubo errores en el proyecto y construcción de la carretera construida por la brasilera OAS y por ello coincidió en que la consulta previa sea el mecanismo para que los comunarios y no los “dirigentes citadinos” puedan decidir y resolver el conflicto.

“Que los hermanos que viven allí, los que viven en comunidad. No los que viven en la ciudad, en Trinidad o en Santa Cruz, o los que están viajando al extranjero. Los que viven allí, los que sufren. A esos hermanos, con su palabra, en su Asamblea decidan, que esas 36 comunidades con su palabra digan, ‘debe haber carretera, no debe haber carretera”, declaró.

REPRESENTACIÓN

Moye dijo que no existen 34 o 36 corregidores, como señala el Gobierno, porque los representantes que están en La Paz sólo responden a intereses empresariales madereros y de productores de hoja de coca que fungen ahora como autoridades indígenas.

“Pueden existir organizaciones y se pueden crear nuevas, sin embargo todas están bajo la subcentral TIPNIS, entonces no pueden pedir reconocimiento, porque el título ejecutoriado se lo dieron a la subcentral, quieren dividirnos, pero todas las comunidades, como los representantes responden a la representación orgánica”, explicó.

Moye finalizó asegurando que la polémica carretera se hizo apresuradamente respondiendo a intereses externos que en el fondo buscan la explotación hidrocarburífera en el tramo I donde se establece que las regalías de recursos en Villa Tunari irían en su totalidad para Cochabamba y nada para Beni. “Todo eso se debe conocer para que la gente esté informada”.