Denuncian que avasalladores obtienen Bs 144 millones de ganancia ilegal

Desde que ocuparon la mina en octubre de 2007, hasta la fecha, aproximadamente 240 “trabajadores clandestinos” o avasalladores obtienen ventas ilícitas por Bs 144 millones, mediante la explotación y comercialización ilegal del wólfram, informó el asesor jurídico de Empresa Minera Himalaya (EMH), Raúl Azurduy.

Argumento que los mineros constituyeron una organización fuera de la Ley, al comercializar clandestinamente los minerales y no registrar su nombre ni su procedencia; por lo tanto, no pagan derechos ni obligaciones que la Ley impone.

“La Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) en un informe del 14 de julio de 2011 afirma que el yacimiento de referencia tiene una producción mensual de 3.02 Toneladas Métricas Finas (TMF) aproximadamente y la comercialización de esa cantidad representaría más o menos un valor de 3 millones de bolivianos mensuales”, afirmó.

Azurduy, estimó que sólo por este concepto la Gobernación del departamento de La Paz ha perdido Bs 7.2 millones en los últimos cuatro años, sin contemplar los daños inferidos a COMIBOL y al Estado boliviano ya que su participación en las ganancias es nula.

“Los trabajadores informales, también están provocando una gravísima contaminación con la utilización de ácidos en la purificación de minerales, cuyos restos son echados a los ríos Himalaya y Resguardo afluentes del río La Paz”, aseguró.

Asimismo, se informó que Carlos Huayta y Augusto Morales, representantes de los que ocuparon violentamente la mina hace cuatro años, y que actualmente explotan de manera ilegal el yacimiento de Empresa Minera Himalaya, firmaron el “acta de reunión” que entre sus seis puntos acuerda la resolución del contrato de esa empresa privada con la estatal COMIBOL.

Azurduy, ratificó que en reunión de directorio de la compañía se determinó que en el encuentro de sus directivos con autoridades del Gobierno, se ratificará la nulidad del documento firmado por los avasalladores para luego tratar el tema en el marco del contrato de arrendamiento vigente y respetando la nueva Constitución Política del Estado (CPE) que garantiza los derechos de los inversionistas privados.

La pasada semana, la empresa remitió notas oficiales a las autoridades de COMIBOL y del Ministerio de Minería impugnando la validez legal del “acta de reunión”. Azurduy recordó que hasta la fecha ya enviaron tres cartas pidiendo audiencia oficial para hacer conocer sus fundamentos legales y técnicos.

Reiteró que desde octubre de 2007, los avasalladores de la mina que hoy reclaman para sí ese yacimiento, realizan trabajos ilegales e improvisados de sobrexplotación y comercializan de manera ilegal el wólfram de los bolsones descubiertos que la empresa reservaba para atraer nuevas inversiones externas.

“Los cabecillas del avasallamiento cobran el 11% de la venta de los minerales ilegalmente explotados, a titulo de supuestas ‘regalías minera’ que, por supuesto, nunca son declaradas ni benefician al Departamento de La Paz ni a las arcas del Estado”, finalizó.