Los cobros adicionales dañaron el inicio de clases

Padres de familia de más de 300 unidades educativas denunciaron cobros adicionales y la implementación de uniformes en escuelas fiscales en el inicio de la gestión escolar, mismos que en consideración del director de Educación Departamental, Basilio Pérez, se encuentran prohibidos si no existe consenso entre los progenitores.

Según el analista Iván Arias, de acuerdo a la resolución 01/2012 del Ministerio de Educación queda prohibido efectuar cobros indebidos y la imposición de un exclusivo uniforme en establecimientos fiscales, pero dicha norma en “letra chica”, reconoce la posibilidad de que dichas exigencias efectuadas por establecimientos fiscales, puedan ser aceptadas, sólo si los padres de familia se encuentran de acuerdo en un 90% aspecto que desecha por completo la lógica de excluir las diferencias en un “proceso de cambio”.

“En varias políticas del Gobierno se incluye nuestra famosa habilidad, hecha la ley hecha la trampa, porque en definitiva no se efectúa ninguna modificación a una serie de abusos que se presentaban en pasadas gestiones donde algunas organizaciones de padres de familia que se crean supuestamente respondiendo a una necesidad de demandas de mejores condiciones de educación en favor de sus hijos, terminan en asociaciones de cobros, donde los padres de familia en su mayoría por la falta de tiempo, deben someterse a dichos cobros”, afirmó.

En los establecimientos escolares de El Alto no sólo se registran los cobros a padres de familia, para el mantenimientos de la infraestructura ante las fallas de coordinación y cumplimiento de responsabilidades por parte de las autoridades del municipio, sino que se suman a estas los gastos por uniformes o el pago de ítems de computación, calificados como inversiones superficiales que no son el 90% del total de factores que hacen al nivel de formación escolar, explicó el ejecutivo de la Federación del magisterio urbano Claudio Álvarez.

En alrededor del 98% de los establecimientos fiscales de la ciudad de El Alto, se realizan diferentes cobros, incluida la exigencia de un uniforme escolar que permita “distinguir” a los alumnos de la comunidad escolar, las cuales son efectuadas por parte de las organizaciones de padres de familia, quienes incluso tienen acuerdos con confeccionistas para el diseño de dichos uniformes impidiendo que los padres acudan al libre mercado.

“Cuando existe el consenso con los padres de familia en el caso del uso de uniformes, por lo menos debieran dar la posibilidad a que dichos uniformes puedan ser adquiridos del mercado y no permitir la monopolización de dicho trabajo por parte de un sólo grupo, de lo contrario los padres de familia tienen el derecho de denunciar”, explicó el director Departamental de Educación.