El decreto del 9 de febrero

El espíritu indomable del hombre americano se puso de manifiesto en repetidas ocasiones contra la autoridad española establecida en estas tierras. Indígenas, mestizos y criollos no dudaron en alzar las armas contra el sistema opresor colonialista, siendo los más notables el pronunciamiento que hicieron los doctos de Chuquisaca el 25 de mayo de 1809 contra el entonces Presidente de la Audiencia de Charcas, Dn. Ramón García Pizarro, quien fuera destituido de su cargo por el pueblo. De este movimiento popular, aunque mal definido, surgieron emisarios que se encargaron de propagar por los diferentes pueblos las ideas de la emancipación.

Poco después estalló en la ciudad de La Paz la revolución del 16 de julio de 1809, encabezado por Dn. Pedro Domingo Murillo, que dio lugar a la instalación de una Junta Tuitiva, que emitió una Constitución o “Plan de Gobierno”, que proclamaba levantar el estandarte de la libertad en estas desgraciadas colonias. Aplastada la revolución con la muerte en el patíbulo de sus principales gestores, las tácticas de lucha cambiaron, por la guerra de guerrillas, teniendo como protagonistas a Esteban Arze, Warnes, los esposos Padilla, Lanza y otros valientes próceres que pusieron en jaque al ejército español. Esta lucha encarnizada, había de durar toda

vía 15 largos y dramáticos años. Hasta que el 9 de diciembre de 1824, se libró la batalla final en Ayacucho, Perú, donde las fuerzas del General Antonio José de Sucre obtienen una brillante victoria derrotando a las fuerzas del virrey La Serna, batalla que puso término definitivo al poderío hispánico en América.

Sin embargo, quedaba aún el último reducto español en el Alto Perú, el general Pedro Antonio Olañeta, quien se había sublevado anteriormente a La Serna y pretendía aún defender la autoridad del rey Fernando VII, es muerto en un motín de sus tropas el 3 de abril de 1825. Las cinco provincias altoperuanas (La Paz, Oruro, Chuquisaca, Potosí, Cochabamba) con los territorios de Mojos y Chiquitos, quedaban libres del dominio español y en estado de disponer de sus propios destinos.

Mientras Bolívar, atendía los asuntos de estado, ya que había sido investido con la dictadura por el Congreso peruano, para sacar a este país de la anarquía política, Sucre, el gran Mariscal de Ayacucho, siguiendo precisas instrucciones del Libertador, se dirige al Alto Perú con el ejército colombiano, y el 7 de febrero de 1825 por el camino del Desaguadero, entra en territorio altoperuano, su papel se limita a dar un viso de legalidad a un proceso que los mismos bolivianos ya habían puesto en marcha, ya que José Miguel Lanza y sus guerrilleros, el 29 de enero de 1825, se había apoderado de La Paz y proclamado la independencia “no sólo de España, sino también del Perú y de las provincias argentinas”.

Debido a esta situación y reconociendo el derecho que tenían las provincias altoperuanas de constituirse en un Estado soberano, el 9 de febrero de ese mismo año, Sucre convoca mediante un Decreto a todas las provincias para reunirse en un Congreso que debía decidir el destino de la futura nación. Sin duda, este famoso Decreto constituye el Certificado de Nacimiento de Bolivia.

Por entonces se habían abierto tres posibilidades, formar parte del Perú, adherirse a las Provincias del Río de la Plata, o constituir un país autónomo. Tanto como Argentina como Perú admitieron esta tercer alternativa; en cambio el Libertador Bolívar, si bien no desautorizó públicamente a Sucre por el Decreto, le reprochó en carta privada esta iniciativa, pues entendía que alentar en ese momento un acto de soberanía de esa naturaleza, conspiraba contra los intereses de los demás países sudamericanos.

La Asamblea Deliberante no logró reunirse el 19 de abril en Oruro como estaba previsto, por diferentes causas, finalmente, la Asamblea que debía reunirse el 24 de junio en Chuquisaca, dio comienzo a sus labores el domingo 10 de julio de 1825, en sesión solemne y con la concurrencia de la mayor parte (39) de los representantes de las cinco provincias, bajo la presidencia de José Mariano Serrano. El camino a la independencia de las tierras altoperuanas ya estaba allanado, proceso que culminó el 6 de agosto de 1825, con la independencia de la República de Bolívar, después Bolivia, hoy Estado Plurinacional de Bolivia.

DISPOSICIONES DEL DECRETO DEL 9 DE FEBRERO DE 1825

Por su extensión solamente se transcribe las disposiciones más sustanciales.

1° Las Provincias que se han conocido con el nombre de Alto Perú, quedarán dependientes de la primera autoridad del Ejército Libertador, mientras una Asamblea de Diputados de ellas mismas, delibere de su suerte.

2° Esta Asamblea se compondrá de los diputados que se eligieren en juntas de Parroquia y de Provincia.

5° Para ser Elector se requiere ser ciudadano en ejercicio, natural o vecino del partido, con un año de residencia y con reputación de honradez y buena conducta.

10° Sobre un cálculo aproximativo de la población, habrá un Diputado por cada veinte o veinticinco mil almas.

11° Para ser Diputado se necesita ser mayor de veinticinco años, hijo del departamento o vecino de él, con residencia de cuatro años, adicto a la causa de la Independencia y moralidad probada.

17° El objetivo de la Asamblea General será sancionar un régimen de gobierno provisorio, y decidir sobre la suerte y los destinos de estas provincias como sea más conveniente a sus intereses y felicidad.

18° El Ejército Libertador respetará las deliberaciones de esta Asamblea, con tal que ellas conserven el orden, la unión, concentren el poder, y eviten la anarquía.