Indígenas observan vulneraciones legales y contradicción en la consulta propuesta

El oficialismo y la dirigencia de la marcha del Conisur acordaron ayer derivar el conflicto del TIPNIS a la consulta previa. Representantes indígenas califican la figura legal como inconstitucional y recordaron que la consulta a los pueblos originarios fue exigida mucho antes, pero que sólo ahora el Gobierno aprobó por los intereses de consolidar la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.

El representante del Consejo Nacional de Markas y Allyus del Qullasuyu (Conamaq), Rafael Quispe, recordó que solicitó la consulta previa, mucho antes de que se iniciara el conflicto por la polémica carretera.

“Justamente las marchas que hemos hecho por el tema de Coro Coro y las demás, hemos pedido la consulta. Sin embargo, en el marco de la autonomía y la libre determinación, que también están establecidos en la Constitución, los hermanos indígenas de Tierras Bajas han determinado que no se construya la carretera por el medio del TIPNIS y todas esas propuestas deberían ser tomadas en cuenta como consulta”, dijo.

ANTECEDENTES

Por otro lado, el diputado indígena Pedro Nuny, recordó que antes del inicio de la VIII marcha indígena, en agosto pasado, también presentó un proyecto de Ley de Consulta Previa para que fuera debatida en el pleno de la Asamblea Legislativa.

“Pero no fue debatida, más bien a partir de ese proyecto de Ley, es que el Gobierno extrae algunos términos y los utiliza de manera engañosa como la intangibilidad. Nosotros admitimos que queríamos la intangibilidad, pero no para todo el territorio, sólo para el núcleo del TIPNIS, que es por donde ahora se quiere construir la carretera”, puntualizó.

Asimismo no descartó que este proyecto pudiera ser un recurso legal para manifestar el rechazo de los pueblos indígenas ante la nueva normativa propuesta por los marchistas del Conisur.

VULNERACIÓN

A su turno, el dirigente Rafael Quispe, afirmó que el Ejecutivo actúa de manera poco seria al intentar dar vía libre a una norma que establece la consulta previa con carácter obligatorio. Recordó las normativas vigentes como la Constitución Política del Estado (CPE), la Ley de Régimen Electoral y la Ley Financial, las cuales determinan a la consulta como no vinculante. “No existe seriedad, por eso la IX marcha se va activar, pidiendo el respeto a la democracia, porque no es posible que actúen de acuerdo a su conveniencia. Las leyes establecen que todas las decisiones tomadas en esa consulta no son de carácter vinculante. Los compromisos que tienen con los cocaleros y las empresas transnacionales, es lo único que le interesa cumplir al Gobierno”, manifestó.

NO VINCULANTE

Por su parte, la Ley de Régimen Electoral, determina que “la consulta previa es un mecanismo constitucional de democracia directa y participativa, convocada por el Estado plurinacional de forma obligatoria con anterioridad a la toma de decisiones respecto a la realización de proyectos, obras o actividades relativas a la explotación de recursos naturales. Las conclusiones, acuerdos o decisiones tomadas en el marco de consulta previa no tienen carácter vinculante, pero deberán ser considerados por las autoridades y representantes en los niveles de decisiones que corresponda”.

Del mismo modo, la Ley Financial, establece que para la realización de proyectos referentes a la exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos, la consulta previa no se aplica, ni es vinculante.

Con estos antecedentes, Quispe aseguró que la consulta “posterior” no está en el ámbito constitucional. “Lo que vamos a hacer es acudir al Tribunal Constitucional, luego a las instancias internacionales, por eso vamos a organizar una IX marcha indígena”, citó.

DOCUMENTO APROBADO

El art. 10 del documento señala que los resultados de la consulta son de cumplimiento obligatorio e inmediato entre el Estado plurinacional y los pueblos indígena, originario, campesinos mojeño-trinitario, chimane y yuracaré. Sin embargo, no se menciona el término “vinculante”.

Asimismo, se definió que la consulta será aplicada a tres pueblos originarios en cinco idiomas como mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, chimane, yuracaré y catellano y se da un plazo de 120 días para terminar el proceso.

El Ejecutivo coordinará esta consulta mediante el Ministerio de Economía y la ejecución será coordinada por el Tribunal Supremo Electoral y su Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde)

La presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño, aseguró que el trabajo fue consensuado entre los 40 corregidores de la marcha del Conisur y que la definición del conflicto quedará en manos de las 63 comunidades del TIPNIS.

“Nosotros hemos trabajado durante cuatro días en la redacción, propuesta por los 40 corregidores, y el resultado es haber unido el tema de la intangibilidad con el tema de la carretera. Serán los pueblos indígenas, las 63 comunidades que habitan el TIPNIS las que definirán su destino en relación a esos temas”, dijo.