Proponen debatir política criminal dentro de la seguridad ciudadana

Un nuevo punto de reflexión es planteado para tratar la problemática de la seguridad ciudadana a partir de entender el concepto de la política criminal, según plantea la Red de Participación y Justicia que terminó un proceso de socialización sobre este tema en los nueve departamentos del país.

El fenómeno de la inseguridad afecta a todo el país, siendo difícil su control, debido muchas veces a la asignación de recursos para entidades de seguridad a cargo del Estado, la falta de un Código Penal más inflexible, una adecuada lectura de los jueces en el momento de hacer cumplir la ley.

Para el presidente de la RPJ Jaime Álvarez, toda política criminal busca asegurar a la sociedad una vida tranquila y libre de conflictos y tensiones sociales o individuales que atenten contra ellos. En este sentido involucra necesariamente tres aspectos: la prevención, el control y represión del crimen.

Para todo esto dijo, fue necesario plantear en los nueve departamentos una propuesta que congregue a todos para que identifiquen donde se inician y finalmente posibilite al Estado combatir y controlar los comportamientos delictivos, perturbadores de la convivencia armónica y pacífica de la sociedad.

La secretaria técnica de la RPJ, Faride Tirado, explicó que las mesa que trabajaron en el tema de Justicia Plural y Política Criminal, plantearon la readecuación de las normas en el ámbito penal, los recintos penitenciarios, delimitar competencias en el ámbito territorial y presupuestario,

“Las cárceles no están rehabilitando a los delincuentes, la familia esta abandonada, al igual que la niñez, además no hay un compromiso institucional, y las responsables deben ser la Iglesia, apoyada por el Estado, y sociedad civil”.

El coordinador de proyectos, José Luis Vargas, afirmó que las ponencias de varios sectores presentes, fue reclamar cuando una persona es aprehendida tiene 8 horas para ser presentado ante el Fiscal, y que sus declaraciones antes de presentarse ante esta autoridad, no tienen validez legal, situación que claramente no es lógica, y permite que el delincuente distorsione la realidad, por lo tanto se beneficie, ya que el acceso a la información se vuelve complicada.

Las nuevas leyes crean nuevos delitos, esa situación empeora la situación de la política criminal, se debe buscar rehabilitar al delincuente, prevenir el delito y reprimir el delito, una persona que entra a la cárcel por estafa no puede estar en un mismo ambiente que está por asesinato, las características de la política criminal debe proteger al imputado, pero debe buscar resarcir a la víctima, para que no quede en indefensión.

“La intención del Gobierno es ordenar el Código de Procedimiento Penal y cumpla con los aspectos de celeridad, simplicidad, eficacia y efectividad. La separación de delitos y contravenciones es importante y debe de alguna forma ayudar a diferenciar de una manera más práctica, la política criminal nacional”, explicó Vargas.