MSM observa una “cacería de brujas”

(ANF).- La diputada del Movimiento Sin Miedo (MSM), Marcela Revollo, manifestó que el reciente informe de la Naciones Unidas sobre la conflictividad en el país y la persecución judicial a los opositores refleja con precisión la política adoptada por el Gobierno, más aún cuando en el último tiempo el Ejecutivo y el Movimiento Al Socialismo (MAS) iniciaron una nueva “cacería de brujas” incluso contra los disidentes del oficialismo, que cuestionan las políticas del presidente Evo Morales.

Revollo considera que esta preocupación es compartida por gran parte de la población boliviana, los opositores en la Asamblea Legislativa y en las regiones, pues como ejemplo de la política autoritaria del Ejecutivo mencionó el conflicto del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), la suspensión de los gobernadores de Beni y Tarija, al igual que las renuncias forzadas de los alcaldes opositores de Quillacollo y Sucre.

No obstante, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lucio Marca, sostuvo que en el país no existe persecución política, sino por el contrario existirían elementos de prueba para procesar a las ex autoridades por supuestos casos de corrupción en los estrados judiciales.

“Existe materia justiciable (contra ex autoridades), hay elementos que hacen ver al fiscal que debe abrir las investigaciones (…) una vez que el Ministerio Público abre las investigaciones, si encuentra elementos para enjuiciar, porque existe la necesidad de realizar un juicio”, manifestó.

A su vez el legislador indicó que el Órgano Ejecutivo deberá emitir un informe a la Organización de Naciones Unidas (ONU) para explicar los juicios abiertos que existe en contra de las autoridades de la oposición para aclarar este tema, al igual que ocurre con el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

En los últimos seis años, los líderes de la oposición en muchos casos se vieron obligados a salir del país y pedir asilo político, tal es el caso de Mario Cossío, Manfred Reyes Villa, José Luis Paredes, Branco Marinkovic, Guido Nayar, quienes argumentaron que la justicia y la Fiscalía se encontraban subordinadas al poder político.

El informe de Naciones Unidas hace referencia a la frecuencia de casos judiciales que involucran a personalidades políticas de la oposición, pero recomendó que los mismos sean tratados por las autoridades competentes en un marco de estricto apego a la imparcialidad, la presunción de inocencia, el debido proceso y la más alta transparencia, según establece la Constitución.

“De esta manera los ciudadanos tendrán la confianza de que las instituciones y la justicia boliviana actúan con eficacia y respeto por los derechos humanos de todos y todas por igual”, señala el informe.