Seguridad jurídica para seguridad alimentaria

¿Por qué no hay seguridad alimentaria en Bolivia? o mejor, ¿por qué hay deficiencia alimentaria? Son preguntas que surgen inmediatamente, teniendo en cuenta que en este país existen todos los elementos y condiciones para alimentar no solamente a su población, sino para exportar a países que sufren por hambre.

Cuando comprobamos que hay Estados que con minúsculos territorios exportan alimentos a todo el mundo, no podemos dejar de avergonzarnos porque la ineficacia impide siquiera cubrir nuestras necesidades alimentarias.

¿Qué nos ha pasado, qué nos pasa para tener tanta pobreza? Y esto se ha agravado a medida que transcurrió el tiempo. De ser un Estado casi autárquico para satisfacer necesidades internas, hemos llegado a tener bolsones de extrema pobreza. Durante la colonia no había mendicidad -guardadas las relaciones estadísticas de cantidad-, tampoco en los primeros decenios de la República, pero en los tiempos actuales, no obstante las “revoluciones populares” de todo jaez, que sólo enriquecieron a sus mentores, y a pesar de tanta prédica demagógica, las situaciones aflictivas y conflictivas del pueblo se tornaron crecientes.

Es que la demagogia política y sindical, en lugar de privilegiar la disciplina y el trabajo, fomenta la flojera, el desorden y la irresponsabilidad en todos los estamentos sociales; en lugar de incentivar el esfuerzo propio y las iniciativas locales, se incrementa la ineficiencia y la corrupción, esperando todos recibir dádivas del Estado o el milagro de los santos, aunque la solución está en nosotros mismos.

Los que viven en las ciudades no perciben el drama del ámbito rural, no conocen las dificultades ni la inseguridad en que viven aquellos que son marginados del agro so pretexto de no ser “originarios”, cuando este concepto abarca a todos los que han nacido y habitan en Bolivia sin discriminaciones. Ya no es tiempo de retrotraer injusticias del pasado, hay que superarlas de acuerdo con los principios universales de igualdad y libertad; es decir la cualidad originaria comprende también a toda la población de las provincias, donde muchos, por más apego a las actividades agrícolas que tengan, por grande que sea su vocación agropecuaria, no pueden desarrollar estos trabajos en un ambiente hostil que se fomenta a través de las llamadas organizaciones sociales.

Muchos jubilados que pueden empezar una nueva vida productiva, dedicándose a actividades en el campo, cultivando, plantando huertos de frutas o verduras; iniciando cualquier faena campestre que aumente la productividad alimentaria, están impedidos de hacerlo por la falta de garantías y la inseguridad jurídica que campea.

Nadie que sea blanco o blancoide es aceptado por la mayoría “originaria”, como si la agricultura fuera solamente privilegio y patrimonio de ésta que, generalmente, alterna con actividades comerciales o de contrabando las más de las veces.

Entonces, es imperioso reconocer que todos tenemos derecho a trabajar en el agro, en todas las potencialidades de la agropecuaria, sea fruticultura, floricultura, silvicultura, etc. y aun en pequeña y mediana agroindustria.

Pero para eso es necesario que el Gobierno y las autoridades apoyen a todo el que pueda y quiera explotar la tierra con igualdad y seguridad, en cumplimiento de la Constitución. A casi dos siglos de la República es hora ya para llevar la paz y armonía social al campo, sólo así se podrá lograr la seguridad alimentaria y producir alimentos para la exportación que tanto necesitan los países del tercer mundo y de este modo mejorar las condiciones de vida de nuestra población.

La seguridad y la garantía jurídica en el campo son los mejores mecanismos para conseguir la seguridad alimentaria, de lo que tanto se habla sin proponer el remedio, que es el que sugerimos.

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