Los dos líderes más votados de Santa Cruz continúan acosados por demandas y sus colaboradores califican esta acción como persecución política. Los bienes del gobernador Rubén Costas Aguilera fueron anotados de manera preventiva por la Fiscalía del Distrito y, por otro lado, instruyeron al Concejo Municipal para que asuma acciones legales contra el alcalde Percy Fernández, a quien acusarían de un supuesto caso de corrupción.
La orden emitida el 16 de enero por el fiscal del Distrito, Isabelino Gómez, fue calificada por el secretario de la Gobernación, Vladimir Peña, como una acción política de parte del Ejecutivo para “matar civilmente” a la autoridad cruceña.
Manifestó que con esta acción se hace más evidente la persecución política contra los opositores al Gobierno de Evo Morales. Recordó que al inicio de año amenazaron la libertad del Gobernador con una orden de aprehensión para que responda a un proceso por desacato interpuesto por el fiscal Marco Soza, que investiga el caso de terrorismo.
Por otro lado, el Ministerio Público instruyó al Concejo Municipal que asuma acciones legales en contra del alcalde Percy Fernández presuntamente involucrado en un caso de corrupción, denunciado hace un año por el concejal de la alianza MAS-ASIP, Hugo Siles.