Entrega de la minería a manos de un sector

No es aventurado decir que a instancias de las cooperativas mineras, COMIBOL se dispone a liberar una parte de las reservas de yacimientos de minerales, política en la cual dichas cooperativas obtendrán por lo menos el 30% (1.200 hectáreas), según el máximo dirigente de la Federación Nacional que agrupa a dichas cooperativas (FENCOMIN). Se trataría de áreas beneficiadas con labores de prospección, exploración y otras preparatorias realizadas por COMIBOL o, lo que es lo mismo, un regalo “en bandeja de plata”.

En cambio el retorno para el Estado es casi nulo, porque muchas de las cooperativas trabajan sin registros, liberadas de impuestos y sin cumplir mínimas condiciones medio ambientales, a modo de empresas -si cabe el término- clandestinas y en franca explotación a los trabajadores contratados con bajos salarios, sin los beneficios de la seguridad social, despidos al margen de la Ley General del Trabajo y omitiendo las demás obligaciones sociales.

Un caso patético al respecto es que los cooperativistas que incautaron la mima Himalaya en las faldas del Illimani el año 2007, desde entonces no pagan regalías al departamento de La Paz ni impuestos al Estado y quienes los dirigen descuentan de las utilidades el 11% mensualmente que nunca percibió el departamento. Al mismo tiempo se ha denunciado que se estima en 144 millones de bolivianos las ganancias obtenidas por los avasalladores de Himalaya y una pérdida de la gobernación de por lo menos 7.2 millones.

No hay ninguna prevención a que las cooperativas operen los parajes mineros siempre que cumplan sus obligaciones tributarias, observen la seguridad industrial y retribuyan adecuadamente a sus trabajadores, tanto más si el actual Gobierno les redujo a menos de la mitad los impuestos correspondientes en relación con el resto de la minería. Este sector está al acecho para avasallar cuanta mina en explotación atrae su apetito. Lo propio ocurre en la nombrada Himalaya, donde el 85% de quienes la trabajan no son oriundos ni vecinos del lugar, habiendo despojado de su fuente de trabajo a los lugareños. Por supuesto, el Gobierno se abstuvo de molestar a sus aliados cooperativistas y prefirió mirar de soslayo la dramática situación de los trabajadores que se sustentaban como asalariados en la mina en cuestión.

Los responsables en su afán de lograr algún viso de legalidad al rentable atropello, han influido para que COMIBOL salga ahora con la propuesta de expropiar Himalaya, pero fue el propio Viceministro de Cooperativas Mineras el que se encargó de adelantar la virtual entrega a la cooperativa Cerro Negro. Las expropiaciones sólo proceden por motivos de necesidad y utilidad pública del Estado a favor de sus componentes, Gobernaciones y Alcaldías, de modo que no se puede expropiar para entidades privadas como se está intentando.

El indicado Viceministro complementó que se llevará a cabo una auditoria y una revisión del contrato de arrendamiento suscrito con la empresa Himalaya, sin duda con el objetivo de no reconocer el “justo precio” que estipula la Constitución en las expropiaciones. Esto significaría una pérdida de alrededor de 4 millones de dólares invertidos por los concesionarios del rico yacimiento. No es la primera vez que el Gobierno toma el camino no de la expropiación, sino, en los hechos, de la confiscación.

Entretanto continúa en un profundo sopor el proyecto de nuevo Código de Minería, situación que permite apreciar que como dicho cuerpo legal no podrá menos que establecer una mínima racionalidad, dificultaría la toma de hecho de una serie de minas en explotación ante la actitud contemplativa del Gobierno, aunque le prive de importantes ingresos financieros por las cotizaciones récord de los minerales. Obviamente los reflejos negativos de esta absoluta falta de seguridad jurídica y de garantías desalientan cualquier inversión en el rubro, flujo económico que robustece a la minería de los países circundantes, dejando a Bolivia en el último lugar de las inversiones en el rubro.