“Romper el diálogo”, un mecanismo de riesgo

“Romper el diálogo”, más que una frase suelta, se ha convertido en un concepto que refleja días de conmoción, inestabilidad política e ingobernabilidad para el país. Durante las últimas horas no sólo un sector, el de los médicos, utilizó estas tres palabras que muestran en el horizonte, graficando la circunstancia, nubarrones que podrían exacerbar la coyuntura en medio o después de la tradición carnavalera.

Rompieron el diálogo con el Gobierno los trabajadores en salud, los cocaleros de los Yungas de La Paz, los discapacitados extendidos en todo el territorio nacional, los maestros que mantienen un lapso de espera, además que con una declaratoria de emergencia y movilización los pueblos indígena originario de las tierras bajas decidieron convocar a todos los sectores sociales a unirse en una cruzada de lucha por la defensa del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), así como la preservación de la naturaleza, el acatamiento de la Constitución Política del Estado, la Ley del Medio ambiente y, sobre todo, la paz social entre los pueblos.

Esta disposición de paz que ha motivado el pronunciamiento de analistas, políticos de oposición, dirigentes de sectores sociales, campesinos de occidente e, inclusive, de personalidades de organismos internacionales con representación en Bolivia, se frustra ante la “actitud soberbia” de las autoridades del poder central que “decidieron meterle nomás”, así sea violando la Constitución y las leyes, rompiendo aquella estructura de “los usos y costumbres”, cultivada a través de los siglos y respetada porque ha generado en Bolivia una cultura de paz y comprensión en las relaciones sociales.

El patrón de comportamiento del Gobierno, que es característica en la presente coyuntura, revela que “existe para todos los casos” la decisión de “violar la Constitución, romper la estructura jurídica que respalda los beneficios de determinados sectores sociales y atacar la institucionalidad”, corriendo el riesgo de generar confrontación, enfrentar a regiones, dividir instituciones y la organización de determinados sectores sociales e, inclusive, promover violencia dentro del propio Movimiento Al Socialismo. ¿Qué se busca con este comportamiento?, es la pregunta del millón.

Lo dicho por el Defensor del Pueblo, que “se extreme esfuerzos para favorecer la paz social en Bolivia”, tiene la intención de demandar al Presidente del Estado una actitud que precautele la unidad del movimiento indígena en el oriente del país, utilizando como herramienta el diálogo, antes que la imposición practicada por el MAS en la Asamblea Legislativa, que aprobó un instrumento que sustituye a otro y, en esa línea, genera un escenario propicio para la confrontación entre los pueblos indígena originario del TIPNIS y los cocaleros del Chapare y del Consejo Indígena del Sur (CONISUR), tipificados también como propietarios de catos individuales. Está a la vista que la nueva ley deroga, sin decirlo explícitamente, la Ley 180 o “Ley Corta”.

Dicha aprobación no sólo contradice lo expresado por el Mandatario, sino que enfrenta lo dispuesto por la Constitución y las leyes del Convenio 69 de la OIT, del Medio Ambiente y de los Parques Nacionales. Además exacerba el espíritu de la sociedad que, en su conjunto, ha respaldado a las comunidades del TIPNIS en su marcha protagonizada entre septiembre y octubre del pasado año, después de la llamada “masacre de Chaparina” que motivó indignación total en los ámbitos nacional e internacional.

De esta manera, resulta vano y hasta suena a palabras vacías la disposición del presidente Evo Morales de “fijar una fecha para festejar el día de la dignidad nacional” y, si persiste este comportamiento demagógico, decir “basta al neoliberalismo, al imperialismo o al colonialismo”, es como repetir sin sentido que el pueblo no piensa, no siente, no come, ni se acuerda de lo ocurrido.