Oficialismo maneja criterios dispersos sobre aplicación de la Consulta Previa

Criterios dispersos como un debate profundo entre los pueblos chimanes, yuracarés y moxeños; un conversatorio; delegar resoluciones a los usos y costumbres o una figura de referéndum, circulan en el oficialismo y el Gobierno central sobre la aplicación de la Ley de Consulta Previa que viene tratando la Asamblea Legislativa.

El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Adolfo Mendoza, dijo que la consulta previa devuelve el derecho a los pueblos originarios, aunque aún queda debatir los alcances que tendrá esta norma sobre la Ley Corta y la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.

“El objeto de esta consulta no es el contrato con la empresa OAS, tampoco es la Ley 180, lo que corresponde ahora es retomar el proceso de la consulta para ver los alcances de la Norma 180, el término intangible y ver la mejor alternativa en la construcción de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos”, declaró.

Para el diputado oficialista Galo Bonifaz, el Ejecutivo y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) acompañarán el proceso que se verificaría mediante los usos y costumbres de las comunidades al interior del TIPNIS.

“Los procedimientos van a estar acompañados por el Órgano Ejecutivo, por el Tribunal Supremo Electoral y por los organismos internacionales que van a verificar la veracidad y transparencia de todos los procedimientos de esta consulta a los pueblos indígenas. Estos procedimientos serán según los usos y costumbres de los pueblos indígenas, eso significa mediante sus asambleas, reuniones o cabildos”, dijo.

En tanto, la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, aseguró que la consulta previa será una especie de “conversatorio” entre los representantes de las comunidades indígenas al interior del TIPNIS. “Los que han leído la Consulta (proyecto) van a entender claramente que no es sí o no, al contrario, es llegar a un acuerdo, a través de una consulta, que está destinada a llegar a algunos acuerdos mediante consultas de sus percepciones; ósea, qué es lo que desean. Es una especie de conversatorio”.

BANCADA INDÍGENA

La diputada indígena Teresa Nominé, advirtió que en la sesión de hoy en la Cámara Baja se tomarán acciones para defender la Ley Corta 180 y tratar de evitar cualquier norma que derive en acciones que afecten al TIPNIS. Incluso dijo que los legisladores de circunscripciones especiales podrían instalar un piquete de huelga de hambre como el registrado en 2010 en el hemiciclo de esa instancia legislativa.

“Vamos a defender nuestros derechos y si es posible vamos a hacer una huelga de hambre, algo vamos a hacer para reclamar el respeto a nuestros derechos”, declaró.

Una comisión de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) arribará en horas de la mañana a la Sede de Gobierno para observar el proceso de aprobación en la Asamblea Legislativa y mantener una vigilia como sucedió en octubre pasado.

ANÁLISIS

Para el analista Iván Arias la figura se resume en un ejemplo que cita: “es como si una propiedad de 1.200 mt2 fuera invadida por los vecinos y se cediera 200 mt2 para evitar problemas, pero resulta que después esos vecinos plantean discutir y decidir sobre el terreno de los verdaderos propietarios y de paso quieran atravesar el terreno por la alacena. Eso es lo que está pasando con el TIPNIS y la oposición debería hacer una explicación más didáctica para que la población sepa que la Cidob y el Conisur no son lo mismo, no son iguales y allí esta el debate sobre esta consulta”.

La referencia de Arias se da en el marco de la relación de la reserva natural que tiene doble carácter jurídico como Tierra Comunitaria de Origen (TCO) y Parque Nacional y su “vecino” que es el polígono 7 donde existen asentamientos de cocaleros. El tramo III de la vía Beni – Cochabamba llega y bordea esta denominada franja roja del polígono 7 donde existen mayores colonizadores con propiedades individuales tituladas.